Barcelona y su área metropolitana siguen siendo escenario un buen número de casos de okupación ilegal, una situación que ha generado un creciente malestar entre los vecinos. Los alcaldes de estas ciudades, la gran mayoría de ellos socialistas, no han podido atajar el problema. Barcelona sigue pagando la política favorable a los okupas que desarrolló Ada Colau durante su mandato como alcaldesa (2015-2023).
Las okupaciones en el área metropolitana de Barcelona siguen afectando tanto a viviendas vacías como a bloques enteros. En muchos barrios, los residentes denuncian sentirse abandonados por las autoridades, atrapados en una pesadilla que altera su vida cotidiana. En el barrio playero de la Barceloneta hace un par de semanas los vecinos se enfrentaron hace un par de semanas con una banda de delincuentes que okupaban un piso, y se produjeron incidentes graves. También se han producido altercados en otras ciudades del entorno, como Sabadell y Terrassa.
Los distritos de Ciutat Vella, Nou Barris y Sant Andreu en Barcelona y distritos de l’Hospitalet de Llobregat y Badalona encabezan la lista de zonas más afectadas. En algunos casos, los inmuebles okupados han sido convertidos en puntos de venta de drogas o focos de conflictividad, con episodios de peleas, ruidos constantes y amenazas a los residentes.
Xavier García Albiol (PP) en Badalona ha hecho de la lucha contra la okupación uno de los ejes de su política como alcalde, pero aunque ha reforzado los efectivos de la Guardia Urbana y le ha prestado un apoyo político incondicional sus efectivos no bastan para paliar el grave déficit que tiene esta ciudad de agentes de los Mossos d’Esquadra.
La legislación actual, demasiado laxa en opinión de muchos afectados, se ha convertido en un escudo para los okupas y un obstáculo para los propietarios legítimos. El proceso judicial para recuperar una vivienda puede alargarse durante meses o incluso años, especialmente si se trata de grandes tenedores o entidades financieras. Mientras tanto, los vecinos soportan las consecuencias: inseguridad, deterioro del entorno y un sentimiento de impunidad que va en aumento.
El Ayuntamiento de Barcelona, si bien ha reconocido el problema, insiste en diferenciar entre la okupación por necesidad y las mafias que se lucran con esta práctica. Sin embargo, para los afectados, la distinción es irrelevante cuando la convivencia se vuelve insoportable.
En paralelo, han surgido grupos vecinales que patrullan las calles y vigilan inmuebles vacíos para evitar nuevas okupaciones. Aunque estas iniciativas buscan proteger a la comunidad, también revelan el vacío institucional en el que se sienten los ciudadanos. Muchos acusan a las administraciones de mirar hacia otro lado por miedo al conflicto político o por una visión ideológica que justifica ciertas ocupaciones.
Los Mossos d’Esquadra reconocen que su capacidad de actuación es limitada por la normativa vigente. Solo pueden desalojar sin orden judicial en las primeras 48 horas si hay flagrancia, un plazo que los okupas conocen perfectamente. Tras ese tiempo, la intervención policial queda supeditada a una orden judicial, que puede tardar semanas en llegar.
El impacto económico también es significativo. Muchos propietarios particulares, al ver su vivienda okupada, enfrentan no solo la pérdida del uso de su inmueble, sino gastos legales y deterioro del patrimonio. Algunos incluso deciden vender a precios por debajo del mercado o abandonar el inmueble, alimentando así un ciclo de degradación urbana en ciertos barrios..
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