La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha un importante despliegue. Agentes de la Benemérita registraron este viernes dos sedes de la constructora Acciona. Las oficinas inspeccionadas se encuentran en las ciudades de Madrid y Bilbao.
Esta actuación policial se enmarca en una causa judicial que se lleva con absoluto secreto. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, es quien dirige las diligencias. El foco de la investigación se centra en el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.
Además de las instalaciones de Acciona, la UCO también ha registrado varias cooperativas en la provincia de San Sebastián. Los agentes ejecutan las órdenes del magistrado en busca de documentación clave. No se esperan detenciones en el marco de esta fase operativa.
La constructora Acciona, por el momento, ha optado por el silencio. La empresa evita cualquier tipo de comentario sobre el despliegue de la Guardia Civil en sus instalaciones. Esta cautela no hace sino aumentar las especulaciones sobre el alcance del caso. Este viernes sus acciones han bajado un 10 % en Bolsa tras conocerse la entrada de la UCO:
La causa ha ganado impulso en los últimos meses tras la presentación de diversas denuncias. Funcionarios que participaron en la mesa de contratación de las obras alertaron de graves irregularidades. Se refieren a los polémicos túneles de Velate en Navarra.
Los denunciantes han hablado de «falsedades» y «actuaciones contrarias a derecho». Califican todo el proceso de adjudicación como «absolutamente viciado». Estas denuncias ya han llegado a la Oficina Anticorrupción de Navarra. Las pesquisas de los uniformados señalan a la existencia de una red de contactos. Se investigan las relaciones de Koldo García, figura central en otros escándalos, con la firma Servinabar 2000 SL y con Acciona.
Lo más delicado para el Partido Socialista es el posible vínculo de Servinabar con Santos Cerdán. La UCO atribuye al exdiputado un 45% de las acciones de esta empresa. Esta relación presuntamente se mantiene desde al menos el año 2015.
Estos posibles vínculos persistieron durante el periodo de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La investigación apunta a que las posibles conexiones se mantuvieron activas hasta febrero de 2024. Esto sugiere una continuidad de las relaciones bajo gobiernos socialistas.
La sombra de la corrupción sigue planeando sobre la cúpula del PSOE y los grandes contratos públicos. Este nuevo caso pone en entredicho la gestión de la izquierda en importantes adjudicaciones de obras. El silencio de las partes investigadas alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso.
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