La supuesta «ruptura» entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya se revela como una calculada puesta en escena. El pulso político que Puigdemont escenifica con aspavientos y acusaciones de «cinismo» parece tener un objetivo más electoral que práctico: intentar frenar la irrupción de Sívia Orriols y Aliança Catalana, que amenaza su base de voto. Sin embargo, la realidad de los hechos en el Congreso y en la esfera municipal desmonta rápidamente esta farsa.
Mientras Junts proclama el «bloqueo» de la legislatura, sus diputados han vuelto a ser decisivos para el Gobierno. En un movimiento revelador, el Congreso ha tumbado por un ajustado margen la posibilidad de suprimir la fecha de cierre de tres centrales nucleares clave. La abstención de siete diputados de Junts fue la llave para que la iniciativa decayera, impidiendo un éxito parlamentario que el bloque de la derecha daba por seguro.
La enmienda rechazada, incluida en la Ley de Movilidad Sostenible, habría permitido a las centrales de Almaraz (Cáceres), Trillo, Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) solicitar una prolongación de su vida útil. El rechazo, orquestado por la abstención nacionalista, ha supuesto un golpe directo contra la seguridad energética de España y, en particular, de Cataluña.
La supresión del cierre de la central de Ascó era una exigencia constante del tejido industrial catalán. Más de la mitad de la energía que consume Cataluña procede de las nucleares, y el mantenimiento de Ascó era crucial para la competitividad. Pese a esta presión evidente, Junts priorizó su acuerdo tácito con el PSOE antes que el interés económico y estratégico de su propia comunidad.
La votación ha tenido también un impacto directo en la política extremeña, donde el debate sobre la central de Almaraz es central, con manifestaciones masivas en defensa de su continuidad. La decisión de Junts de abstenerse, y no votar a favor de la prolongación, ha sido la excusa perfecta para diluir el éxito de la oposición y salvar al Gobierno de una derrota de gran calado.
El ‘engaño’ de la ruptura queda aún más expuesto en el ámbito local. La colaboración entre socialistas y los herederos de Convergència es sólida en multitud de municipios catalanes. Ambos partidos gobiernan conjuntamente en más de sesenta poblaciones, desde capitales de comarca hasta ciudades medianas. Estos pactos demuestran que, más allá de la retórica en Madrid, la alianza es firme en el territorio.
Un ejemplo reciente de esta sintonía, y de la agenda nacionalista que imponen los de Puigdemont, se ha visto en Tarragona. Allí, el acuerdo de gobierno entre Junts y el PSC ha propiciado una nueva exigencia lingüística. Se ha impuesto la obligación de rotular en catalán para que comercios y empresas puedan obtener la licencia de apertura.
Este tipo de imposiciones, que vulneran la libertad de empresa y el bilingüismo, son una muestra de cómo los socialistas ceden a las peticiones más identitarias de sus socios. Mientras Sánchez se lamenta de los «bloqueos» en el Congreso, el PSC refuerza el poder territorial del nacionalismo a cambio de mantener sus sillones.
En conclusión, la legislatura avanza con una tensión escenificada entre el PSOE y Junts. Los pactos municipales y las votaciones decisivas en el Congreso, como la que ha cerrado la puerta a la energía nuclear, evidencian una simbiosis interesada que garantiza la supervivencia del Gobierno de Sánchez a cambio de grandes concesiones políticas y económicas al nacionalismo catalán.
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