TV3 tiene una doble función: por parte es la gran repartidora de dinero para todos aquellos empresarios audiovisuales ‘patriotas’ dispuestos a extender el procés, y de paso mejorar su cuenta de resultados, a costa de los impuestos de todos los catalanes.
El presupuesto que la Generalitat destinó a la CCMA en el 2020 fue de 240 millones de euros, pero la directora de este ente que dirige la radio y la televisión pública, Núria Llorach, avisó desde el primer momento que era “insuficiente”, por lo que es más que probable que cuando ustedes estén leyendo estas líneas el Govern le haya inyectado más dinero.
Pero no solo es la maquinaria de reparto de dádivas en formas de encargos audiovisuales entre los productores ‘patriotas’. Sobre todo, es el gran altavoz de las consignas secesionistas de los partidos que gobiernan Cataluña. Alrededor de la pantalla de TV3 centenares de miles de catalanes reafirman su adhesión inquebrantable al movimiento nacionalista que desea la ruptura con el reto de España.
Es necesario que en las próximas elecciones autonómicas se escoja a un Gobierno que acabe con este abuso: una democracia moderna como España no puede permitirse que en una parte de su territorio exista una televisión pública con vocación propagandística, y no de servicio a los ciudadanos. Está claro que otras autonomías, y TVE, han sido, gobierno tras gobierno, usadas para intereses partidistas. Pero lo de TV3 va mucho más allá. Es pura ingeniería social.
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