El inicio de la legislatura de Salvador Illa no ha traído, ni traerá, el aire fresco que la neutralidad institucional exige en Cataluña. TV3 continúa funcionando como un engranaje perfectamente engrasado al servicio de una ideología excluyente, ignorando sistemáticamente a más de la mitad de la población. La televisión que pagan todos los catalanes sigue siendo el refugio de un discurso que confunde la sátira con el insulto institucionalizado hacia España.
Es imperativo que el Partido Popular y Vox dejen de lado sus diferencias estratégicas – que son legítimas, porque son dos proyectos diferentes – para ejercer una presión asfixiante en el Parlament para que TV3 deje de ser un insulto permanente. Solo una oposición cohesionada podrá forzar al PSC a elegir entre la profesionalización del ente público o la continuidad del «procés» televisivo. La fiscalización de los contratos externos y de los contenidos debe ser diaria, contundente y sin complejos, obligando al Govern a rendir cuentas por cada minuto de sectarismo.
Nombres como Jair Domínguez, Peyu, Juliana Canet u Óscar Andreu se han convertido en símbolos de una etapa que Cataluña necesita cerrar. No se trata de censura, sino de respeto básico y decoro parlamentario en el uso de fondos públicos. Resulta intolerable que comunicadores que han ofendido de forma reiterada a millones de ciudadanos sigan siendo las caras visibles de la programación estrella.
La connivencia del socialismo con estas figuras revela la fragilidad de la supuesta «normalización» de Illa. El PSC permite que estos perfiles sigan marcando el tono de la cadena, y sigue demostrando que TV3 sigue siendo la moneda de cambio para mantener la paz social con el independentismo. El centroderecha debe denunciar este pacto implícito que utiliza el presupuesto público para financiar el escarnio hacia los valores constitucionales.
La reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no puede esperar a la próxima crisis política. PP y VOX tienen la responsabilidad de exigir una auditoría de contenidos que garantice el pluralismo político y lingüístico real, más allá de las cuotas de pantalla. El ciudadano constitucionalista se siente hoy un extraño en su propia televisión, una anomalía democrática que ningún gobierno que se autodenomine progresista debería permitir.
Recuperar TV3 para todos los catalanes es la batalla cultural y política más urgente de esta etapa. La neutralidad de los medios públicos es el primer paso para reconstruir la convivencia en una Cataluña que ya está cansada de pagar su propio menosprecio.
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