La consulta ilegal de Puigdemont, a debate

Ante el anuncio por parte del presidente de la Generalitat de la pregunta y la fecha de la consulta ilegal, acción que se ha visto reforzada con el acto organizado este domingo en Montjuïc por las entidades separatistas, elCatalán.es ha querido pulsar la opinión de diversas personalidades políticas, dirigentes de entidades cívicas y expertos sobre qué es lo que debería hacer el Gobierno de España ante este nuevo desafío.

Sergio Sanz, diputado de C’s en el Parlament, apunta en la línea del respeto a la legalidad y de apoyo al uso “responsable” de los mecanismos de los que dispone el Ejecutivo: “El Gobierno tiene que actuar con la máxima responsabilidad, pero también con todos los instrumentos legales y políticos de los que dispone para evitar que este proyecto que lo que pretende es romper la comunidad política que es España no triunfe”.

Esperanza García, diputada del PP en el Parlament, se alinea en esta línea de apoyar el respeto a la Ley, al mismo tiempo que busca confortar a los españoles: “El Gobierno lanzará un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y la confianza de que mientras gobierne el PP vamos a seguir conviviendo juntos en este país, España, sin que nadie rompa ni la democracia ni la Ley”. Y lanza un aviso a navegantes: “Y quien lo haga, deberá asumir sus consecuencias. Porque la fuerza de la democracia reside en el Estado de derecho y se va a garantizar con seguridad y con todas las herramientas de las que dispone”.

Otro diputado del Parlament, en este caso el máximo cargo institucional del que dispone el PSC en la cámara, David Pérez, crítica la actuación del Gobierno catalán, pero pide al Ejecutivo de Rajoy algo más que respeto a la ley: “La convocatoria unilateral de referéndum es la enésima etapa del camino a ninguna parte. La respuesta del gobierno no debe limitarse a la invocación de ley, sino a la formulación de alternativas políticas que promuevan el dialogo, negociación y pacto y que contribuyan a superar la situación de bloqueo actual”. Y concluye pidiendo algo más que acciones en los tribunales: “La necesaria iniciativa judicial ha de ir acompañada de una respuesta política”.

Uno de los hombres fuertes del PP catalán, el vicesecretario de organización Alberto Fernández Saltiveri, asegura que la proclama de Puigdemont no va a llegar a ninguna parte: “Es solo un anuncio, son tan cobardes que solo se atreven a anunciar. El Gobierno de España solo va a actuar ante los hechos, no ante fuegos artificiales. Los catalanes pueden estar tranquilos, el Gobierno de España actuará con firmeza ante los hechos cuando se produzcan, y en proporción a los mismos. No se va a celebrar ningún referéndum para romper España”.

Desde la órbita jurídica, la catedrática de Derecho Constitucional, y presidenta de Concordia Cívica, Teresa Freixes, da una explicación más técnica de lo que debería hacer el Gobierno que preside Mariano Rajoy: “Primero, asegurar fehacientemente la efectividad del Estado de derecho. Después, garantizar a todos los catalanes y al resto de españoles que sus derechos no van a ser conculcados. Y dar las instrucciones pertinentes para que los servidores públicos no sean constreñidos a realizar actuaciones ilegales”.

Y no solo eso, Freixes asegura que “si alguna de estas cosas es puesta en riesgo, utilizar los instrumentos contenidos en la Ley de Seguridad Nacional y las normas administrativas y penales, para evitar que los sediciosos puedan cumplir sus objetivos”. De esta manera cree que “no sería necesario llegar a decretar estados excepcionales ni a poner el marcha el artículo 155 de la Constitución”.

Otro jurista, en este caso el portavoz de la entidad cívica Llibertats, Pere Lluís Huguet, opina que “no se puede responder a nada. El viernes solo fue una puesta en escena, una más de las que nos tienen acostumbrados, sin trascendencia jurídica alguna por lo que carece de efectos, pero lo más grave para mí como ciudadano catalán y jurista es que se anuncie un referéndum con pregunta y fecha, y que el marco normativo que debería regularlo no existe y el proyecto se mantiene en secreto. Y concluye denunciando el oscurantismo de Puigdemont y sus aliados: “La ley que supuestamente más afectará a la vida de catalanes se nos oculta, lo que pone de manifiesto las carencias democráticas y de transparencia del procés”.

El presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomá, cree que la proclama de Puigdemont es pura propaganda: “Para mí un anuncio que ni siquiera se atreven a firmar no tiene validez alguna. Otra cosa es que lo hayan movido mediáticamente a su servicio para que sea la gran noticia pero es simplemente un globo que con un alfiler se pinchará. Es solo el circo de cara a la galería de sus acólitos. No hay que tomarse en serio las bufonadas”. Y confía en la acción del Ejecutivo de Rajoy: “El gobierno reaccionará cuando lo tenga que hacer y debe medir sus tiempos de actuar. Pero cuando lo haga lo hará de verdad”.

Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, va en la misma línea: “El anuncio sirve para vender el producto, en este caso enmarcado en campaña electoral. Otra cosa muy distinta sería la firma del decreto de convocatoria de un referéndum ilegal. La respuesta tiene que ser la aplicación de la ley con toda normalidad”. Desde el mundo local, la jefa de filas de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, cree que “es un paso más en el desafío constante a la ley y al Estado de Derecho y el Gobierno de España debe evitar que se coaccione a los funcionarios e informarles de su obligación de cumplir la ley y apercibirles de las consecuencias civiles o penales en caso de incumplimiento o de que utilicen cualquier colegio o institución en un referéndum ilegal”.

El ex presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, pide acciones judiciales e insta “a la Fiscalía a perseguir cualquier delito que pueda haberse cometido, investigar los recursos públicos invertidos en esta pantomima y advertir que cualquier firma en documento oficial que instigue el incumplimiento de la ley comportará consecuencias graves a las autores y a los funcionarios que las secunden significará su expulsión de su puesto laboral aparte de riesgos penales y económicos”.

Por último, uno de los comunicadores más conocidos de la órbita constitucionalista en Cataluña, el consultor Juan Arza, le da un consejo al Ejecutivo de Rajoy: “En mi opinión, el Gobierno no debería desviarse de su estrategia, que es clara y correcta. Esperar a los hechos y reaccionar de forma proporcional a los mismos. Es no sólo desaconsejable sino imposible seguir el ritmo de la propaganda separatista”.


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