La Mesa del Congreso de los Diputados tramitó ayer la proposición no de ley de Junts per Catalunya en la que se pide al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza. Esta fue una de las condiciones que pusieron los de Puigdemont para votar a favor al decreto de ley sobre medidas sociales que refrendó la semana pasada el Congreso.
Esta proposición no de ley se debatirá en el Congreso en el Pleno del 25 de febrero o en el que se iniciará el 11 de marzo, y viene motivada por las denuncias de Carles Puigdemont sobre los incumplimientos del PSOE a las contrapartidas a cambio de los votos afirmativos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Estos incumplimientos hicieron que Junts esté intentando forzar dicha cuestión de confianza para obligar al PSOE a ‘pagar’ las deudas políticas con este partido separatista. El PSOE se ha mostrado muy reticente a facilitar el trámite en la Mesa del Congreso, pero ante la presión de Puigdemont ha acabado aceptando. Aunque la decisión final sobre si se presenta una moción de confianza es de Pedro Sánchez, dado que es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.
De ahí que la proposición de Ley de Junts, si saliera adelante, pide al presidente de Gobierno que «considere la oportunidad» de someterse a dicha cuestión de confianza, ya que el mismo texto recoge que es una iniciativa de «carácter político» y que no tiene «vinculación jurídica». Es una mera medida de presión al PSOE para que cumpla sus acuerdos.
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