Reprobar al gobierno de la Generalitat, crear una ley antiokupas, ejecutar proyectos urbanísticos como el Cuarto Cinturón o el Hard Rock o acabar con el «expolio» al que Salvador Illa y su ejecutivo somete a los catalanes. Estas son algunas de las 22 propuestas de resolución que ha presentado el grupo parlamentario del Partido Popular de Cataluña en el debate de Política General celebrado esta semana.
Esta formación sostiene que la acción del gobierno de la Generalitat es decepcionante y débil. Un hecho que ha quedado constatado por su incapacidad para aprobar presupuestos y su abuso de decretos ley. Por otro lado, el PPC asegura que debe suprimir de forma inmediata el impuesto de sucesiones y de donaciones, reducir el número de impuestos propios y reformar el tramo autonómico del IRPF.
También insta al Govern a completar el trazado de la carretera B-40, iniciando las obras de construcción del tramo conocido como Ronda Nord entre Terrassa y Sabadell y firmar el convenio con el Estado para dar continuidad a la B-40 hasta Granollers como vía de alta capacidad. Además reclama el desarrollo del proyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona, dando cumplimiento a la moción aprobada hace unos meses en el Parlament; y trabajar activamente para poder celebrar eventos deportivos internacionales como la Ryder Cup o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.
En cuanto a la okupación, reclama dar una respuesta integral a las ocupaciones de viviendas mejorando la actuación de la Generalitat ante las denuncias por usurpación, aprobando una ley “anti-okupa” que tenga como objetivo proteger y amparar a los denunciantes de empleos e incrementar la seguridad jurídica a los propietarios y pequeños arrendadores, que contemple la recuperación de la vivienda de una forma rápida.
Sobre inmigración, el PPC exige que sea «legal, controlada y ordenada». El partido sostiene que se debe asociar la continuidad de la percepción de ayudas sociales al cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana, crear e implementar un plan integral de orden y convivencia, que incluya la creación de unidades mixtas de patrullaje entre el Cuerpo de Mossos d’Esquadra y las policiales locales en barrios con alta conflictividad y solicitar ante el Gobierno de España hacer efectivos los convenios con terceros países para acelerar el regreso a sus países de origen a los menores no acompañados que hayan cometido delitos o que hayan demostrado una nula voluntad de integración.
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