Dentro de Junts se ha abierto un debate silencioso pero cada vez más intenso: varios sectores del partido, encabezados por algunos alcaldes que miran con preocupación al horizonte electoral de 2027, presionan a la dirección de la formación para que fuerce un adelanto de las elecciones generales. Su objetivo no es tanto la aritmética en el Congreso, sino frenar una posible debacle en las urnas municipales ante la pujanza de Aliança Catalana, la formación de Silvia Orriols, que está acelerando su expansión territorial.
En la actualidad, Junts tiene 334 alcaldes sobre 947 ayuntamientos. No gobierna en las grandes ciudades catalanas, salvo en Sant Cugat del Vallès, pero conserva un buen número de ciudades medias de notable peso en sus respectivas zonas, como Figueres, Olot, Vic, Manlleu, Calella, Igualada, Banyoles, Puigcerdà, Valls o Vila-seca.
La lógica que trasladan estos alcaldes a Carles Puigdemont y Jordi Turull es clara. Temen que el desgaste acumulado por el pacto de Junts con el PSOE acabe pasando factura en los ayuntamientos, donde la política de proximidad convierte el descontento en castigo inmediato. La tesis es que si los votantes críticos canalizan su malestar en unas generales anticipadas, la tensión se disiparía antes de las municipales de 2027.
El riesgo que visualizan es enorme: perder decenas de alcaldías que históricamente han sido bastiones de Junts. A diferencia de unas elecciones generales, en las municipales la sangría de votos se traduce en pérdida directa de poder local, concejalías y capacidad de influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para muchos alcaldes, el precio de sostener a Pedro Sánchez puede ser demasiado alto.
Por eso, la presión interna se dirige hacia Puigdemont y Turull, a quienes exigen endurecer la posición de Junts en Madrid. La estrategia pasaría por tensar al máximo la cuerda con el Gobierno central, amenazando con romper apoyos clave, con la intención de que Pedro Sánchez se vea empujado a convocar elecciones antes de lo previsto.
Este movimiento, sin embargo, no está exento de riesgos. Un adelanto electoral podría situar a Junts en un escenario incierto en el Congreso, debilitando su capacidad de influencia en la política estatal. Pero los alcaldes argumentan que ese coste sería asumible si a cambio logran preservar su fortaleza en el mapa municipal, que consideran la base real del poder del partido.
Desde la dirección nacional, la respuesta hasta ahora ha sido de prudencia. Puigdemont y Turull saben que el papel de Junts en la gobernabilidad española es un arma de doble filo: les otorga protagonismo, pero también les expone a críticas internas. Ceder a la presión de los alcaldes significaría reconocer que la estrategia actual de apoyo al PSOE erosiona al partido.
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