El PSC disfruta del respaldo del separatismo para asegurarse cotas de poder en la Generalitat, en las diputaciones y en no pocos ayuntamientos. La razón es que los socialistas son capaces de ejecutar, con más eficacia y sin tantos aspavientos, aquello que el separatismo persigue desde hace décadas: borrar de Cataluña cualquier presencia del Estado español. Un ejemplo claro: lo que los socialistas han hecho con la histórica Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, en pleno corazón de Barcelona.
Ese edificio no es solo una comisaría: representa la resistencia frente al intento de ruptura del 1-O y el bastión que aguantó la ofensiva de los grupos radicales independentistas que destrozaron el centro de Barcelona en el otoño de 2019, después de la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. Pues bien dicha sede ya ha sido resignificada como un centro de “memoria histórica”, el paso precio a un próximo cierre.
La complicidad socialista tiene efectos muy concretos: el Estado se inhibe ante cualquier atropello del separatismo. Las sentencias que obligan a impartir al menos un 25 % de clases en castellano siguen sin aplicarse, y para colmo hay cientos de ayuntamientos —varios gobernados por el sector más fervorosamente independentista del propio PSC— que desoyen la legislación sin pudor: ni izan la bandera nacional ni colocan el retrato del rey Felipe VI en el salón de plenos.
La Guardia Civil en Cataluña sufre un goteo constante de pérdidas de competencias. Ya les han arrebatado funciones en puertos y aeropuertos. El Ministerio del Interior y el Govern incluso pactaron que los delitos en el ámbito natural pasaran a manos de los Mossos y de los Agentes Rurales. Y si alguien cree que los Mossos son el máximo exponente del sesgo separatista, es que no ha visto a los Rurales: no pocos de ellos grabaron vídeos propagandísticos —de uniforme, sin disimulos— para respaldar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Aun así, Marlaska ha decidido ampliarles competencias y presupuesto a un cuerpo saturado de militantes.
El siguiente paso ya está cantado: Sánchez terminará retirando el servicio marítimo a la Guardia Civil para entregárselo a los Mossos. La Generalitat lleva meses comprando embarcaciones con esa idea en mente. Entretanto, el ambiente hostil está logrando que muchos guardias civiles de otras regiones rehúyan venir a Cataluña para cubrir vacantes. Las casas cuartel, que podrían servir para atraer guardias civiles de otras partes de España, se encuentran en condiciones lamentables.
Los efectivos, además, sienten que las autoridades catalanas no los protegen; padecen la inmersión lingüística obligatoria en las escuelas que afecta a sus hijos y soportan el acoso político habitual del separatismo. Y así, paso a paso, el Estado va desvaneciéndose en Cataluña. Llegará un punto en que ni siquiera hará falta declarar oficialmente una república: la Generalitat será, de facto, el único poder real en una comunidad autónoma que, al menos por ahora, sigue siendo parte de España.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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