Sánchez diu que es reunirà amb Puigdemont si es restableix el diàleg amb Junts
️ «Si en un futur podem tornar a restablir les vies de diàleg que ara mateix no tenim, tant de bo es pugui produir»
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— Cafè d’idees (@cafedidees_rtve) December 2, 2025
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una ofensiva de cesiones siguiendo el paripé de la falsa ruptura entre PSOE y Junts. El presidente del Gobierno ha prometido el cumplimiento de una serie de acuerdos pendientes, para ‘facilitar’ que Junts vuelva a ‘reecontrarse’ con los socialistas. Las declaraciones de Sánchez, realizadas en 2cat y RAC1, evidencian la dependencia total del Ejecutivo central respecto al partido de Carles Puigdemont. Y ha asegurado que no le importaría reunirse con el prófugo de Waterloo, una vez se recomponga las relaciones, que están – presuntamente – «rotas».
El líder socialista ha entonado un insólito «mea culpa» al asumir los «incumplimientos y atrasos» con la formación independentista. Es un reconocimiento explícito del deterioro de un diálogo que él mismo calificó de «roto». La Moncloa sigue el guion de Junts para garantizar su supervivencia parlamentaria. La estabilidad del país queda, de nuevo, a merced del chantaje nacionalista.
La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar, adoptando forma de decreto ley. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una norma que flexibilizará las inversiones de los entes locales. Esta medida, claramente orientada a contentar a la esfera municipal catalana, se vende como un alivio para los ayuntamientos. En realidad, es un pago político por adelantado.
Otro punto clave es la ampliación del plazo para la digitalización de la facturación empresarial. El Gobierno utiliza la coartada de la burocracia para camuflar el cumplimiento de compromisos adquiridos bajo presión. La economía y los plazos se ajustan, una vez más, al calendario dictado desde Waterloo.
En paralelo, se ha materializado una transferencia de competencias largamente demandada por la Generalitat. El decreto devuelve a la administración catalana la gestión de la oferta pública de empleo. Esta competencia, que ya estuvo en manos catalanas entre 2007 y 2013, vuelve a ser moneda de cambio. La autonomía de gestión se amplía a costa de la unidad administrativa del Estado.
La lista de promesas no termina aquí. Sánchez se ha comprometido para la próxima semana a aprobar una partida para ayudar a propietarios ante los impagos de alquileres. Jóvenes y familias vulnerables son el público objetivo de una medida que busca vender sensibilidad social. Los independentistas se apropian el rédito de una política social que debería ser prioritaria sin necesidad de presiones.
El compromiso de publicar las balanzas fiscales ha sido reiterado por el presidente. Este punto es especialmente sensible, ya que alimenta el discurso de la «España nos roba» y la supuesta infrafinanciación. Sánchez da alas al victimismo nacionalista con una promesa que históricamente ha generado una gran polémica y división territorial.
Además, la proposición de ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts en el Congreso, sigue su curso. La norma está ya en fase de ponencia y se encamina a su examen final. El partido de Puigdemont, con su control férreo sobre la Cámara Baja, impone su agenda legislativa sobre la de otras formaciones.
El Ejecutivo socialista demuestra una alarmante falta de iniciativa propia. La agenda de la semana queda marcada por las exigencias de un partido que busca el máximo beneficio político a cambio de no tumbar al Gobierno. Esta forma de gobernar cuestiona la legitimidad de las decisiones tomadas bajo tal coacción.
El mensaje de Sánchez es claro: la permanencia en el poder está por encima de todo. La cesión constante ante el nacionalismo se ha convertido en el eje de la política española. Los contribuyentes asisten, perplejos, a una subasta de acuerdos donde los intereses partidistas priman sobre la estabilidad institucional y la coherencia de un proyecto de país.
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