El actual panorama de tensión social en numerosos municipios catalanes tiene unas raíces bien definidas en las políticas identitarias. La explosión de inseguridad y la proliferación de guetos no son fruto del azar. Es el resultado directo de una estrategia largamente cocinada por el nacionalismo catalán.
Desde la época de Jordi Pujol hasta la actualidad, la élite política catalana ha apostado por un modelo de inmigración muy concreto. El objetivo no declarado era priorizar la llegada de personas de origen magrebí sobre la hispanoamericana.
Esta decisión respondía a un cálculo estrictamente político-lingüístico. Buscaban así consolidar el catalán como supuesta «lengua de integración» para los recién llegados. Querían evitar, de esta manera, que la llegada de hispanoamericanos reforzara el peso demográfico del español.
La consecuencia visible de esta ingeniería social es evidente en las calles. Es cada vez más común ver signos de identidades culturales muy marcadas, lo que dificulta la asimilación real. La integración de estos nuevos colectivos en una sociedad laica y democrática se convierte en una quimera.
La política de puertas abiertas, impulsada también por el «soberanismo radical» del PSC, ha creado focos de convivencia muy complejos. La permisividad ha fomentado auténticos guetos donde los problemas de orden público y seguridad se multiplican. Los apuñalamientos, por ejemplo, han experimentado un incremento alarmante.
La magnitud del problema es tal que incluso una parte del separatismo empieza a renegar de su propia obra. Observan con preocupación cómo su apuesta demográfica ha generado un creciente malestar entre la población. El choque cultural y la falta de integración ordenada son ya innegables.
Esta ceguera interesada ante la realidad social está pasando factura. El descontento de parte del electorado nacionalista ha impulsado el auge de opciones como Aliança Catalana y su líder, Sílvia Orriols. Muchos secesionistas, a pesar de sus coqueteos con el multiculturalismo, optan ahora por el repliegue identitario.
Este hartazgo ciudadano también beneficia claramente a VOX. La formación que lidera Ignacio Garriga lleva años denunciando los efectos de la inmigración descontrolada. Sus concejales han sido perseguidos por recoger en los plenos municipales las quejas vecinales por la delincuencia.
Si VOX creció gracias a su firmeza contra el procés separatista, ahora crece debido a que capitaliza la preocupación por la inseguridad y los problemas generados por ciertos grupos de inmigrantes. Tanto VOX como Aliança Catalana consiguen subir en el último estudio electoral del CEO, pasando los primeros de 11 a 13 diputados y los segundos de dos a diecinueve.
El panorama político y social catalán demuestra una peligrosa conexión entre la ideología nacionalista y la erosión de la seguridad. La búsqueda de la pureza lingüística y la identidad a toda costa ha culminado en ciudades menos seguras y más divididas.
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