
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha defendido el uso de la lengua castellana en Cataluña frente a los intentos de los «defensores» del catalán de intentar imponer su uso de manera coactiva. Ha dicho en su perfil de X que «el castellano/español se ha convertido en una de las lenguas más importantes de la humanidad sin necesidad de ser impuesto coactivamente a nadie. Sólo por su utilidad y prestigio. A ver si aprenden los defensores del catalán».
La defensa del español en Cataluña ya no es una opción; se ha convertido en una necesidad urgente. Ciudadanos como Ángel Escolano alzan la voz. Denuncian la continua erosión de los derechos lingüísticos de la mayoría no nacionalista. El movimiento de Escolano defiende una obviedad: el español es tan lengua propia de Cataluña como el catalán.
Sin embargo, el aparato político y social nacionalista insiste en la imposición monolingüe. El objetivo no es otro que relegar el castellano a un estatus secundario. Buscan activamente convertir el catalán en la única lengua de uso social, administrativo y comercial. Esta deriva choca frontalmente con la realidad sociolingüística de la región.
La educación es el campo de batalla más visible. Las sentencias judiciales que obligan a garantizar un mínimo de enseñanza en español son sistemáticamente ignoradas. La Generalitat se parapeta en leyes propias para desobedecer al Estado de derecho. Esta actitud supone una grave ruptura de la legalidad constitucional.
El espacio público se reduce cada vez más para el idioma común. Desde la rotulación comercial hasta la documentación administrativa, la presión para el uso exclusivo del catalán es constante. Esto genera una clara sensación de discriminación para aquellos que prefieren o necesitan comunicarse en español. Es una incomodidad innecesaria impuesta por la ideología.
Lo más preocupante es la pasividad, cuando no la abierta colaboración, del Gobierno central. El PSOE, en su dependencia de los partidos nacionalistas para gobernar, mira hacia otro lado. Esta inacción es interpretada como un cheque en blanco para seguir avanzando en la agenda monolingüista. Los derechos de los castellanohablantes se sacrifican en el altar de la estabilidad política.
El papel de entidades como Convivencia Cívica Catalana es crucial. Actúan como contrapeso a la maquinaria institucional del nacionalismo. Defienden la bilingüidad real y la libertad individual. Su labor es vital para evitar que una parte de la población se sienta marginada en su propia comunidad autónoma.
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