La formación Izquierda en Positivo ha hecho público el siguiente comunicado sobre la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial:
Ante la polémica suscitada por las palabras del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y la decisión de Pablo Casado de romper el pacto alcanzado con PSOE y Unidos Podemos para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, desde IZQUIERDA EN POSITIVO consideramos necesario hacer las siguientes reflexiones:
Contra lo que algunos insinúan o pretenden hacer creer, la Constitución Española de 1978 no consagra en lugar alguno el principio de la separación de poderes, sino el de división de poderes, tal como corresponde a un sistema parlamentario. La separación de poderes es propia de los regímenes presidencialistas como el de Estados Unidos, donde los miembros de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) son elegidos por separado y no han de responder los unos delante de los otros. Y hay que decir que, incluso en el caso de los Estados Unidos –donde los jueces y fiscales son elegidos por votación popular y democráticamente–, es el propio Presidente de los Estados Unidos quien designa personalmente a los miembros del Tribunal Supremo, aunque posteriormente no pueda revocarlos.
En los sistemas parlamentarios como el español todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular, la cual se expresa en la elección periódica por sufragio universal del Congreso y el Senado. El propio Gobierno de la Nación es elegido y responde ante las Cortes Generales, y es también un imperativo político y legal la existencia de sistemas de control democrático sobre el Poder Judicial; cuyos miembros –a diferencia de los jueces norteamericanos– no son elegidos democráticamente por la ciudadanía, sino que acceden a su cargo mediante oposiciones como el resto de funcionarios de las administraciones del Estado.
En el concreto caso español, la intervención del Poder Legislativo en la designación de los miembros del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial constituyó en su momento un gran avance en la democratización de la Justicia y en intentar lograr una mayor sintonía de ideas y valores con los de la sociedad española.
Lo cual era una necesidad imperiosa, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los jueces españoles, en los años setenta u ochenta, solían pertenecer a rancias dinastías de juristas que accedían a la carrera judicial por tradición familiar y para mantener su prestigio social, y se hallaban fuertemente impregnados de la filosofía política y los valores nacionalcatólicos del Franquismo. Y también constatamos que, por desgracia, dicha sintonía está todavía lejos de alcanzarse, como demuestran decisiones polémicas como las del impuesto de las hipotecas o la sentencia de “La Manada”.
Por lo tanto, desde IZQUIERDA EN POSITIVO instamos a no hacer demagogia sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, y a establecer mecanismos claros, transparentes y democráticos para la designación de los miembros de sus órganos de gobierno.
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