No es de extrañar que los jueces se opongan a que la Generalitat acceda a sus bases de datos con la excusa de un proyecto del Gobierno catalán (“Visión justicia: sistema de evaluación y mejora continua”) para “evaluar” cómo funciona la justicia. Considerando la confesión que hizo el ex juez Santiago Vidal sobre cómo el Gobierno catalán manejaba los datos incumpliendo las leyes vigentes es de lo más normal que los magistrados se nieguen a poner información sensible en manos de unos políticos que han demostrado su irresponsabilidad.
La pretensión del Gobieron catalán era enviar mandar a ocho funcionarios por los juzgados para acceder a sus sistemas informáticos, sobre todo a la base de datos Temis 2, que permite conocer en tiempo real el estado de las causas judiciales abiertas. Además del poco respeto a la ley de la Generalitat, el que el gobierno catalán esté siendo investigado por la justicia por ese mismo poco respeto a las normas, motiva que no sea conveniente que los partidos secesionistas que gobiernan Cataluña puedan tener acceso a dicha base de datos siendo el Gobierno catalán susceptible de ser juzgado y condenado.
Además, las competencias para inspeccionar la labor de los jueces están en manos del Consejo General del Poder Judicial, y esta interferencia de la Generalitat, con la excusa de “evaluar y mejorar” es un abuso de sus funciones. Nada nuevo en la actuación de un Gobierno, el de Puigdemont, especialista en llevar las cosas al límite. Por suerte, de momento les han parado los pies y tendrán que negociar con el CGPJ. La firmeza es el único lenguaje que entienden.
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