El deterioro del clima político en la Cataluña gobernada por el PSC ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad incómoda que muchos prefieren relativizar. Los episodios de acoso, señalamiento y boicot contra determinadas formaciones y asociaciones cívicas no son hechos aislados, sino la manifestación de una tensión enquistada que erosiona los principios básicos de convivencia democrática. En este contexto, resulta legítimo preguntarse por la responsabilidad de quienes gobiernan y por su capacidad —o voluntad— para garantizar la neutralidad institucional.
El Ejecutivo autonómico encabezado por Salvador Illa ha optado hasta ahora por un perfil bajo ante estos incidentes, apelando en ocasiones a la complejidad del momento político. Sin embargo, esa cautela empieza a parecerse peligrosamente a la inacción. Gobernar implica tomar decisiones incómodas, especialmente cuando lo que está en juego es el derecho de todos a expresar sus ideas sin coacciones, independientemente de su signo político.
Las denuncias de actos de hostigamiento contra partidos como VOX, Partido Popular o Aliança Catalana no pueden despacharse como meras anécdotas. Del mismo modo, asociaciones cívicas como S’ha Acabat! han alertado reiteradamente de dificultades para desarrollar sus actividades en libertad. La reiteración de estos episodios dibuja un patrón que exige algo más que declaraciones genéricas de condena: requiere medidas concretas y un posicionamiento inequívoco.
El problema se agrava cuando parte de la presión proviene de sectores que se autodenominan defensores de la democracia, pero que recurren a prácticas de intimidación propias de lo que dicen combatir. La violencia política —sea física, verbal o simbólica— no admite apellidos ni justificaciones ideológicas. Tolerarla en función de quién la ejerce o quién la sufre supone abrir una peligrosa grieta en el Estado de derecho. El reciente ejemplo del manual que Arran – las juventudes de la CUP – ha elaborado para acosar a sus opositores políticos en la vía pública merecería que el Gobierno persiguiera esta más que presunta incitación al delito.
No se trata de compartir las ideas de unos u otros, sino de defender el marco que permite que todas ellas se expresen en igualdad de condiciones. La Generalitat tiene la obligación de ser garante de ese marco, no espectadora distante. Cuando se permite que unos actores operen bajo presión constante, el mensaje que se transmite es que hay ciudadanos de primera y de segunda en el ejercicio de sus derechos políticos.
Cataluña necesita recuperar una normalidad democrática que pasa, necesariamente, por desterrar cualquier forma de intimidación. Salvador Illa tiene ante sí la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que la defensa de la pluralidad no es solo un principio retórico, sino un compromiso real. Lo contrario no solo perpetuaría el problema, sino que contribuiría a agrandarlo.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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