Tras mi última carta, que también les dirigí conjuntamente el pasado día 1 de abril, de nuevo les escribo como coordinador de “De español a español por la Constitución” y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más de la sociedad civil de toda España.
Quiero trasladarles que, seguramente, se han enterado por los medios de comunicación de que hace unos días fue procesada la mujer del primer ministro español. Asimismo, también habrán conocido que recientemente se determinó que el origen de la tragedia del ferrocarril de Adamuz fue causado por la rotura de la vía, conforme al dictamen de la Guardia Civil, lo que ha originado 46 fallecidos. Igualmente, habrán visto que el primer ministro español ha viajado a China y nada sabemos sobre las recomendaciones de la Unión Europea para que no acuerde contratos que pongan en peligro la seguridad europea, ni si ha llevado a cabo o no la continuación de dichos acuerdos.
También se habrán enterado por la prensa, con toda seguridad, de que el primer ministro español está señalado por la investigación de la Guardia Civil como responsable de la corrupción, todo ello expuesto en el Tribunal Supremo. Asimismo, habrán visto en las noticias que, recientemente, en dicho tribunal ha sido directamente acusado de ser el líder máximo de una trama de corrupción en forma de organización criminal, que se viene investigando desde hace muchísimo tiempo. Un primer ministro europeo acusado de ser el líder de una trama corrupta en el Tribunal Supremo de una nación europea.
Supongo, Señora Presidenta de la Comisión Europea, Señora Presidenta del Parlamento Europeo y Señor Presidente del Consejo Europeo, que, habiendo sido conocedores de todo lo anterior, no tendrán inconveniente en denunciar formal y públicamente a un primer ministro europeo que no puede permanecer un minuto más en su cargo, dada la ignominiosa actuación que ejerce, contraviniendo las más elementales normas de cumplimiento normativo (compliance), de ética política y de comportamiento democrático.
Supongo que también son conocedores, como les vengo informando por escrito desde hace años y como ha denunciado la prensa internacional, de que el primer ministro español ataca frontalmente el Estado de derecho (rule of law) y, a diario, la independencia judicial, los medios de comunicación libres y las normas básicas del ejercicio democrático. Igualmente, conocen —como les vengo indicando desde el pasado 18 de diciembre de 2025— el comportamiento que está teniendo para forzar el fallo sobre la ley de amnistía en el TJUE y pretender lograr una sentencia espuria que le perdone la compra corrupta de siete votos a quienes han dado un golpe de Estado y son prófugos de la justicia, a cambio de una “autoamnistía”, lo que le permite, aritméticamente, ser primer ministro.
Estoy seguro de que están de acuerdo conmigo en que este cúmulo de hechos —no sé cómo calificarlo de otra manera— no corresponde en absoluto al ejemplo que Europa ha de dar en sus democracias, con la responsabilidad añadida de defender la dignidad de todos los ciudadanos europeos frente a quien no respeta las mínimas normas democráticas ni los comportamientos propios de un demócrata.
Un primer ministro europeo no puede tener a su mujer procesada y, próximamente, a su hermano también procesado; ni puede ser denunciado en el Tribunal Supremo de una nación europea por ser el número uno de una organización criminal. ¿Están de acuerdo conmigo?
Les ruego que denuncien públicamente, sin pérdida de un minuto, a un primer ministro europeo que ha traspasado absolutamente todas las normas esenciales que debe cumplir un demócrata.
Les ruego que puedan responderme a todo ello y, nuevamente, les solicito poder visitarles ante una situación que Europa no puede permitir ni un solo segundo más.
Muchísimas gracias. Quedo a la espera de sus noticias y les saluda muy atentamente,
Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Coordinador de “De español a español por la Constitución”, en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más de la sociedad civil de toda España.
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