Impulso Ciudadano condena enérgicamente la entrevista que se ha celebrado este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas. «Este encuentro constituye una humillación institucional sin precedentes: el máximo representante de la Generalitat se ha desplazado al extranjero para rendir visita a un político que sigue en busca y captura por el Tribunal Supremo y que no ha sido amnistiado. Se trata de una cesión inaceptable al chantaje permanente del independentismo», aseguran desde esta entidad constitucionalista.
Y añaden que «con este gesto, Illa se convierte en el emisario del PSOE ante Puigdemont, abriendo una mesa paralela de negociación en la que se dilucidan las concesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a entregar para mantenerse en el poder. Una vez más, se utilizan las instituciones de Cataluña como moneda de cambio en los pactos de supervivencia del presidente del Gobierno. El presidente de la Generalitat hoy no ha sido el presidente de todos los catalanes, sino que ha representado exclusivamente los intereses coyunturales de su partido».
Impulso Ciudadano alerta de que esta estrategia supone blanquear a un fugado de la justicia y consolidarlo como un actor político con capacidad de condicionar la gobernabilidad de España. Este “teatro de Bruselas” degrada la dignidad de la Generalitat y desprecia a todos los ciudadanos que esperan de sus dirigentes respeto a la legalidad y defensa del interés general.
Desde Impulso Ciudadano defienden «que Cataluña no puede estar representada por quienes legitiman la impunidad y la deslealtad constitucional. Salvador Illa debe rectificar de inmediato y dejar de contribuir al espectáculo de sumisión ante un prófugo que se niega a responder por sus actos ante la justicia española».
«No puede llamarse diálogo a la cesión al chantaje de quien no duda en llamar gobernador civil y opresor al máximo representante de las instituciones catalanas. No puede haber democracia sin el respeto a la legalidad y a las instituciones del Estado. Y no es admisible que los compromisos políticos de nuestros representantes, y por los que fueron elegidos, no tengan valor alguno y se abjure de ellos por alcanzar o mantenerse en el poder», concluyen.
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