Carles Puigdemont ya dibuja en el calendario los detalles de su anhelado retorno a España. Tras casi una década eludiendo a la justicia, el dirigente separatista asume que su regreso está más cerca. La tramitación y paulatina aplicación de la ley de amnistía le brinda el marco idóneo para culminar su relato personal.
En una reciente entrevista en La 2Cat con Jordi Basté, el expresidente catalán desveló sus planes prioritarios una vez pise suelo español. Sus primeras paradas, según confesó, serán de carácter estrictamente personal. Pretende visitar el cementerio donde reposan sus padres y regresar a su residencia en Sant Julià de Ramis.
El discurso de Puigdemont, lejos de mostrar moderación, mantiene un tono victorioso y desafiante hacia el Estado de derecho. Llegó a afirmar con rotundidad que el Estado español terminará «firmando la rendición». Una frase que evidencia hasta qué punto se siente vencedor en su pulso con las instituciones nacionales.
Esta escenificación triunfal no es casual ni fruto del azar jurídico. Responde al peaje político que el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a pagar para mantenerse en el poder. La amnistía, diseñada a la medida de los socios independentistas, borra los delitos cometidos en 2017 a cambio de amarrar una legislatura permanente en la cuerda floja.
Durante la entrevista, el líder de Junts repasó sus nueve años prófugo en el extranjero. Reconoció que en diversos momentos llegó a asimilar la posibilidad de no regresar jamás a Cataluña. Su prioridad absoluta, según su versión, era evitar la fotografía de su detención y posterior ingreso en prisión.
A pesar de sus avances, Puigdemont no se fía del todo del marco judicial vigente. Advierte de que el Estado podría seguir interponiendo obstáculos para frenar la plena efectividad de la medida de gracia. Sabe que los jueces españoles velarán por la legalidad hasta el último extremo que permita el ordenamiento.
El relato del dirigente independentista demuestra la fragilidad a la que el Ejecutivo central ha sometido a la gobernabilidad del país. Sánchez cedió las llaves de la estabilidad a quien sitúa la rendición de la democracia española como condición indispensable. El coste político para el PSOE sigue elevándose a medida que los compromisos se materializan.
Mientras Moncloa sostiene que estas medidas buscan restablecer la convivencia en Cataluña, el independentismo las interpreta como una victoria nítida. Junts no ha renunciado a ninguno de sus objetivos unilaterales. Únicamente ha adaptado los tiempos a la debilidad parlamentaria del Gobierno central.
El regreso de Carles Puigdemont no vendrá acompañado de autocrítica ni de respeto institucional. Su vuelta se plantea como el triunfo final de quien supo rentabilizar la necesidad del PSOE. La política española afronta así un capítulo inédito, marcado por la victoria del relato separatista frente a la firmeza constitucional.
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