Societat Civil Catalana ha anunciado la presentación de un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Cuentas de aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas procesados por responsabilidad contable. La organización sostiene que existen discrepancias con los fundamentos jurídicos empleados en la resolución dictada sobre el desvío de fondos públicos.
El órgano fiscalizador acordó recientemente la exoneración de los demandados en la causa relativa a los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la proyección exterior de la Generalitat. Entre los beneficiados por la medida se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La entidad demandante, que ejerce la acción junto al despacho de abogados Chapapría-Navarro & Asociados, ha expresado su intención de agotar la vía judicial. En caso de que el recurso interpuesto no sea estimado, la plataforma ha confirmado que acudirá a los tribunales de instancias superiores para revertir el fallo.
Durante el desarrollo del procedimiento, la Fiscalía cambió su posición inicial de reclamante para solicitar finalmente la aplicación de la medida de gracia a los encausados. A pesar de este giro procesal, la representación de la sociedad civil ha decidido mantener la exigencia de restitución de los caudales públicos presuntamente malversados.
El litigio contable se inició a principios del año 2022 con el objetivo de lograr el reingreso en las arcas del Estado de los fondos presupuestarios destinados a la consulta ilegal. La parte demandante sostiene que el ordenamiento jurídico vigente ampara la continuidad de sus pretensiones económicos-administrativas contra los antiguos altos cargos.
Desde el colectivo impulsor de la demanda argumentan que los encausados no han expresado arrepentimiento ni han pedido disculpas a la ciudadanía por las actuaciones cometidas durante el otoño de 2017. Asimismo, señalan que los líderes del movimiento secesionista mantienen su intención de reiterar actos similares si se presentan las condiciones para ello.
La organización ha cuestionado la tesis de que la concesión de la amnistía haya favorecido la pacificación del escenario político en Cataluña. A su juicio, el descenso de la tensión institucional se debe a la aplicación previa de los mecanismos constitucionales de intervención y a los cambios en el gobierno de las instituciones autonómicas.
El recurso también pone el foco en el cambio de postura de los responsables políticos del Gobierno central respecto a la aprobación de la norma de gracia. La plataforma critica que la medida haya salido adelante tras los compromisos electorales asumidos antes de los últimos comicios generales.
La entidad califica el pacto parlamentario como una maniobra de beneficio mutuo entre los gobernantes y las formaciones separatistas. En este sentido, denuncian que el acuerdo lesiona el principio de seguridad jurídica y supone un agravio para el conjunto de los contribuyentes.
Por todo ello, la representación legal de Societat Civil Catalana basará su impugnación en la defensa de la legalidad contable y en el resarcimiento de los perjuicios económicos causados al erario público. La resolución del recurso presentado marcará el recorrido de la causa hacia el Tribunal Supremo o las instancias europeas.
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