Gonzalo Boye [@boye_g], l’advocat de Carles Puigdemont, fixa el seu retorn per a després de les eleccions del 29N. Ho confirma al #MatíCatRàdio
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La estrategia de Junts pasa por desvincular el retorno del prófugo Carles Puigdemont de la pugna electoral, despreciando los intereses de la Moncloa. La dirección de esta formación separatista ha marcado distancias con el calendario electoral y con los cálculos del Ejecutivo central.
Gonzalo Boye, abogado defensor del exmandatario huido, ha despejado cualquier duda en Catalunya Ràdio al señalar que el líder independentista aplazará su viaje de vuelta hasta que concluya la cita con las urnas del 29N. El letrado subraya que el desplazamiento responde estrictamente a una supuesta decisión de país y no a intereses partidistas.
A ojos del entorno de Puigdemont, reaparecer en Cataluña en plena ebullición de los mítines equivaldría a hacer el juego al Partido Socialista, un escenario que el prófugo rechaza de plano. El abogado ha insistido en que el ex presidente de la Generalitat cuenta con una hoja de ruta propia y bien definida para su reaparición.
No obstante, ha evitado ofrecer fechas concretas, insistiendo en que el momento exacto y la manera de materializarlo dependerán exclusivamente de las valoraciones personales del propio líder secesionista. Este planteamiento choca con las urgencias de los socialistas, que confiaban en rentabilizar el impacto político de la medida de gracia antes de la cita electoral.
La izquierda española pretendía normalizar la situación judicial del procés como un hito de su gestión institucional en Cataluña. Mientras tanto, en el ámbito estrictamente judicial, el Tribunal Supremo avanza en los trámites procedimentales. El magistrado instructor Pablo Llarena perfila el sobreseimiento de la causa principal tras avalar el Tribunal Constitucional la amnistía en los delitos de malversación.
La previsión del alto tribunal pasa por elevar el expediente a la Sala de lo Penal para formalizar el archivo definitivo de los procedimientos. A pesar de este progresivo levantamiento de las medidas cautelares y las órdenes de detención nacionales, la defensa mantiene una postura de máxima cautela procesal.
Boye ha querido matizar que una cosa es el levantamiento de las requisitorias policiales y otra muy distinta la aplicación integral de la norma de olvido penal. Según su criterio jurídico, todavía restan trámites complejos que impiden materializar el regreso de forma inmediata.
El partido soberanista busca así convertir el retorno de su referente en un acontecimiento político de máxima altura al margen de los tiempos judiciales y de la contienda de los partidos estatales. La gestión de los tiempos evidencia la continua instrumentalización que el independentismo hace de los tribunales en beneficio de su relato político.
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