El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado la retirada de las órdenes nacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros separatistas Toni Comín y Lluís Puig. La decisión judicial se produce pocas horas después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al referéndum ilegal del uno de octubre.
Pese al levantamiento de estas medidas cautelares vigentes desde el año dos mil diecisiete, el instructor ha precisado que se trata de un paso estrictamente transitorio y provisional. En su resolución, el juez aclara que esta medida no supone una aplicación directa de la ley de amnistía ni extingue por el momento la responsabilidad penal que pesa sobre los procesados.
El magistrado argumenta que la ejecución de las órdenes de arresto durante este intervalo temporal podría provocar una privación de libertad que posteriormente resultara improcedente tras el análisis exhaustivo del fallo. Para tomar esta decisión de oficio, Llarena ha valorado la coincidencia sustancial de los hechos jurídicos, a pesar de que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia emitida por el alto tribunal.
El instructor ha indicado que resolverá sin demora sobre la situación procesal definitiva de los implicados en cuanto la resolución del Tribunal Constitucional sea plenamente accesible y analizada en profundidad. Esta medida cautelar deja en suspenso la persecución policial de los exiliados dentro del territorio español, aunque mantiene abierta la incertidumbre sobre su retorno definitivo al país.
Las defensas esperaban una resolución más rápida sobre la amnistía total para los encausados, un escenario que se demorará hasta que el Tribunal Supremo valore todos los argumentos constitucionales. Con este movimiento, el alto tribunal opta por la prudencia jurídica para evitar perjuicios irreparables en los derechos fundamentales de los dirigentes independentistas mientras se resuelve el fondo del asunto.
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