El Tribunal Supremo ha notificado al equipo jurídico de la Asociación Hablamos Español, que ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lugo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que había anulado varios artículos de la Ordenanza del Uso del Gallego en la Administración Municipal de Lugo.
Este procedimiento se inició en 2012, cuando Galicia Bilingüe recurrió dicha ordenanza. Tras un litigio de 4 años, por fin en 2016 la Sala de los Contencioso del TSJG anuló total o parcialmente 12 artículos por ser contrarios a derecho.
Pero el Ayuntamiento de Lugo, empeñado en seguir imponiendo el gallego, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, y es ahora cuando el alto tribunal no solo da la razón a la asociación pro libertad de elección de lengua, sino que condena al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio.
Galicia Bilingüe se integró recientemente en la asociación nacional Hablamos Español, también presidida por la viguesa Gloria Lago, de manera que el caso del Ayuntamiento de Lugo pasó a ser de Hablamos Español.
La Ordenanza cuestionada fue aprobada por unanimidad y aplaudida con entusiasmo por el gobierno de la Xunta de Núñez Feijóo, cuyo Conselleiro de Educación la puso como modelo de excelencia.
Desde Hablamos Español se «felicitan» por «este primer triunfo en los tribunales de la libertad contra la imposición y que se haya sentado jurisprudencia al respecto para Galicia y otros lugares de España, donde el español también está siendo excluido del ámbito oficial».
Esta asociación asegura que «gracias a esta sentencia se ha logrado que no se pueda declarar el idioma gallego lengua oficial de un organismo público sin citar expresamente al castellano».
También, entre otras situaciones, se garantiza que «en los plenos y reuniones no se puede prohibir el español en Ruegos y Preguntas» y que «la rotulación de dependencias y despachos municipales tenga que incluir el español».
O que «los ciudadanos podrán recibir documentos también en castellano sin tener que pedirlos formalmente, y aquellos que surtan efecto fuera de Galicia tendrán que ser enviados en español, sin hacer constar que son una traducción del gallego».
Por no olvidar que «los funcionarios no estarán obligados a hablar siempre en gallego con
los ciudadanos» y que «en las revistas municipales y campañas publicitarias habrá de
usarse también el castellano y que «los rótulos y señalización de la red viaria municipal han de ser bilingües».
La información completa sobre las otras situaciones previstas en dicha sentencia se puede consultar aquí.
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