Convivencia Cívica Catalana (CCC) solicita a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que impulsen una Ley Orgánica de Libertad de Lenguas para garantizar que cualquier español pueda vivir solo en castellano en cualquier parte de España. La entidad plantea que estudiar, trabajar, abrir un negocio y relacionarse con las administraciones en la lengua común cuente con una protección efectiva en todo el territorio nacional.
CCC pide al Partido Popular y a VOX que incorporen esta iniciativa a sus programas para las próximas elecciones generales y a los acuerdos de investidura o de gobierno en los que participen. La petición incluye un calendario concreto: presentación del proyecto en los primeros cien días de un próximo Gobierno e impulso de su aprobación durante el primer año de legislatura, con los acuerdos parlamentarios necesarios.
La propuesta comprende la atención íntegra en castellano ante todos los poderes públicos, una oferta efectiva de enseñanza en español, el acceso al empleo sin requisitos lingüísticos territoriales injustificados y la protección del trabajador y del comerciante que utilizan el castellano. La entidad reclama, además, mecanismos de defensa que permitan obtener protección antes de que termine el curso, se cierre una oposición o se consume la pérdida del empleo.
El dossier documenta, entre otros asuntos, las resoluciones favorables frente a la exigencia del B2 de catalán para un electricista municipal de Amposta, los chóferes del Parlamento de Cataluña y un operario de cementerio de Vic. También recoge la resolución contra el C1 exigido a auxiliares de laboratorio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y casos de trabajadores y comerciantes afectados por exigencias o sanciones lingüísticas.
En educación, el documento repasa la defensa de las familias que obtienen las sentencias de 2010 sobre el castellano como lengua vehicular y el recorrido judicial en el que se concreta el mínimo del 25 %. La trayectoria de CCC incluye asimismo la anulación parcial del reglamento lingüístico de Sabadell y las sentencias del Tribunal Supremo sobre los reglamentos de las diputaciones de Lérida y Gerona.
La entidad mantiene impugnados 43 procesos selectivos de administraciones locales y 18 ordenanzas y reglamentos. A partir de esa experiencia, el anexo del dossier desarrolla doce garantías y seis bases de articulado para concretar las obligaciones de la futura ley y sus mecanismos de cumplimiento.
En las cartas, el presidente de CCC, Ángel Escolano Rubio, resume el objetivo de la iniciativa: «Los españoles deben poder vivir en español en toda España. Sin pedir permiso, sin justificarse y sin tener que ganar un pleito». CCC solicita una reunión con ambos dirigentes y la designación de interlocutores para trabajar la propuesta. En la carta al Partido Popular pide también revisar las convocatorias, los reglamentos y las prácticas de las administraciones que gobierna, dentro de sus competencias, para asegurar la atención y la información en castellano y corregir exigencias lingüísticas injustificadas.
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