La Sección de lo Social de Granollers admite a trámite nuestra demanda contra una empresa que exige un C1 de catalán para puestos que no lo requieren. Si ese nivel no es necesario para trabajar, imponerlo como requisito de acceso al empleo no es selección: es discriminación.
— Ángel Escolano Rubio (@rubio_escolano) September 24, 2026
Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha informado en su perfil en la red social X que han emprendido acciones contra una empresa que exigía un nivel C1 de catalán «para puestos que no lo requieren». Y los juzgados de Granollers (Barcelona) han admitido a trámite la demanda.
«La Sección de lo Social de Granollers admite a trámite nuestra demanda contra una empresa que exige un C1 de catalán para puestos que no lo requieren. Si ese nivel no es necesario para trabajar, imponerlo como requisito de acceso al empleo no es selección: es discriminación», argumenta Escolano.
Esta entidad ha presentado, en los últimos años, un buen número de demandas ante los juzgados por discriminación lingüística contra castellanoparlantes por motivos laborales, tanto contra administraciones públicas como contra empresas. El motivo es siempre el mismo, la exigencia de niveles de catalán desproporcionados para las tareas a realizar. Convivencia Cívica Catalana ya ha conseguido varias sentencias favorables.
La resistencia civil encabezada por Escolano demuestra que no todo está perdido frente a la hegemonía del pensamiento único. Es necesario seguir denunciando cada convocatoria que utilice el catalán como un arma arrojadiza y no como una riqueza cultural. Solo a través de la firmeza en los tribunales y la denuncia pública se podrá recuperar los derechos lingüísticos de los catalanes castellanoparlantes.
El silencio del PSC ante esta situación es clamoroso y delata su sumisión a la agenda nacionalista. Los socialistas catalanes, lejos de proteger a las clases trabajadoras que dicen representar, se han convertido en los gestores de este sistema de exclusión. Prefieren mantener sus pactos de poder antes que defender el derecho constitucional de cualquier español a trabajar en su tierra sin ser discriminado por razones lingüísticas.
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