La asociación Convivencia Cívica Catalana ha lanzado una campaña de carácter institucional y jurídico para exigir el uso efectivo del castellano en el ámbito de la administración local. Esta iniciativa comprende un total de once escritos administrativos presentados formalmente ante sendos ayuntamientos catalanes, combinando recursos de reposición y alegaciones a planes lingüísticos y normativas municipales.
Las actuaciones administrativas se dirigen específicamente a los consistorios de Cardedeu, el Palau d’Anglesola, Botarell, Salt, Molins de Rei, Sant Vicenç de Montalt, Renau, Malla, Sant Climent Sescebes, Santa Perpètua de Mogoda y Tordera. Entre las medidas adoptadas figuran dos recursos de reposición contra aprobaciones definitivas de planes de normalización y nueve escritos de alegaciones frente a acuerdos iniciales.
De forma paralela a esta vía administrativa, la organización formalizó una demanda contencioso-administrativa ante los tribunales de Barcelona para frenar la exigencia del nivel C1 de catalán en una convocatoria de nueve plazas de policía local. La demanda cuestiona las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles al considerar que vulneran el decreto autonómico que fija el nivel B2 como suficiente para dicha categoría profesional.
El presidente de la entidad, Ángel Escolano Rubio, ha subrayado que la cooficialidad de las lenguas debe plasmarse de manera tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos. Según ha señalado, esta presencia normalizada tiene que reflejarse en la cartelería pública, los formularios administrativos, los portales digitales de tramitación y la atención directa que prestan los funcionarios municipales.
En el caso de Cardedeu, el recurso interpuesto rebate la directriz de que toda la comunicación interna y externa se canalice exclusivamente en catalán, a pesar de haberse modificado previamente la denominación de lengua de uso preferente a lengua de uso normal. La fundamentación jurídica de este recurso se apoya en diversas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativas al equilibrio lingüístico.
Los escritos presentados en municipios como Salt, Molins de Rei y Sant Vicenç de Montalt inciden en la necesidad de incluir el castellano en la rotulación comercial, las ordenanzas de movilidad para zonas de bajas emisiones y los avisos informativos situados en las playas. La entidad argumenta que los carteles y las señales de carácter público constituyen un canal de comunicación directo con la ciudadanía que debe garantizar el bilingüismo.
Asimismo, las alegaciones dirigidas a los ayuntamientos de Renau, Malla y Santa Perpètua de Mogoda reclaman que la administración digital, las ordenanzas de civismo y la documentación exigida a las terrazas de hostelería mantengan criterios de igualdad lingüística. Se denuncia que la exclusión del castellano en formularios, sedes electrónicas o cédulas autorizadas impone cargas adicionales injustificadas a los contribuyentes.
En cuanto al ámbito participativo y de empleo público, las actuaciones en Tordera y Botarell cuestionan las restricciones lingüísticas en los órganos juveniles y en los programas de acogida para personas recién llegadas. La organización advierte de que los cursos de integración no deben transformarse en requisitos adicionales encubiertos que limiten el acceso a los servicios públicos o condicionen la actividad comercial.
Con respecto al proceso judicial abierto contra el consistorio de Sant Fost de Campsentelles, la demanda solicita la anulación de la prueba eliminatoria de nivel C1 y la restauración de la validez del certificado B2 conforme a la normativa reglamentaria. La organización advierte que la introducción de este requisito restrictivo sin una justificación funcional adecuada perjudica la libre concurrencia en el empleo público.
Convivencia Cívica Catalana ha advertido que mantendrá un seguimiento riguroso de la respuesta que los ayuntamientos den a sus escritos y recursos. La entidad ha confirmado que, en aquellos supuestos donde las alegaciones sean desestimadas, interpondrá las acciones judiciales pertinentes ante la jurisdicción contencioso-administrativa para salvaguardar los derechos de los castellanohablantes.
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