Cataluña vive desde hace demasiado tiempo bajo la sombra de una hegemonía cultural impuesta. Los partidos separatistas, con la connivencia activa del PSC y de los Comunes, han diseñado un escenario de monolingüismo de facto. Esta estrategia arrincona de forma sistemática el castellano de la vida pública. La pluralidad lingüística de la sociedad catalana queda así relegada al olvido institucional.
El bilingüismo integrador que caracterizó a la Cataluña moderna ha sido sustituido por un sectarismo excluyente. Las administraciones públicas funcionan bajo estrictos criterios de exclusión idiomática. Los ciudadanos que reclaman sus derechos en castellano se encuentran con barreras burocráticas inadmisibles. Se vulnera así el principio básico de igualdad ante la ley.
El papel del Partido Socialista de Cataluña en este proceso resulta especialmente preocupante. Lejos de actuar como un dique de contención frente al nacionalismo, el PSC ha asumido su relato. Ha comprado el marco ideológico de la inmersión obligatoria y la marginalidad del español. Con ello, busca rentabilidad electoral a costa de erosionar los consensos básicos de convivencia.
Frente a esta deriva, el constitucionalismo catalán ha pecado históricamente de fragmentación. Las divisiones partidistas han debilitado la capacidad de respuesta de una mayoría social que no comulga con el dogma nacionalista. La falta de coordinación entre las fuerzas constitucionalistas ha facilitado el avance de las tesis independentistas. Es el momento de superar los intereses de partido en favor del bien común.
La solución pasa ineludiblemente por la creación de una plataforma conjunta y transversal. Una herramienta unitaria capaz de articular protestas firmes y propuestas jurídicas y políticas contundentes. Esta iniciativa debe aglutinar a asociaciones cívicas, profesionales, intelectuales y formaciones políticas no nacionalistas. Solo desde la unión se podrá plantar cara al rodillo institucional.
Los objetivos de este nuevo espacio de resistencia pacífica deben ser claros y directos. Hay que exigir el cumplimiento estricto de las sentencias judiciales que garantizan el bilingüismo escolar. La imposición monolingüe en las aulas atenta contra el derecho fundamental de las familias a elegir la lengua vehicular de sus hijos. Ningún gobierno puede pisotear los derechos lingüísticos de los menores con fines partidistas.
Asimismo, la vida cultural e institucional catalana necesita abrirse a la concordia. El sector público no puede ser un altavoz ideológico al servicio de una sola opción identitaria. Las subvenciones y los recursos de todos los contribuyentes deben destinarse a fomentar la pluralidad y no la discriminación. La cultura catalana es rica precisamente porque es diversa y abierta al mundo.
La sociedad civil tiene aquí un papel estelar que desempeñar. Los ciudadanos hartos de silencios cómplices deben alzar la voz en defensa de sus derechos constitucionales. Una plataforma unitaria canalizará ese descontento latente convirtiéndolo en presión política efectiva. El miedo a significarse políticamente debe quedar atrás para recuperar la normalidad democrática.
Los partidos constitucionalistas a nivel nacional también deben implicarse sin complejos. La defensa de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, no es negociable en ningún mercadeo político. El apaciguamiento del nacionalismo mediante la cesión de competencias lingüísticas ha demostrado ser un callejón sin salida. Es hora de rectificar el rumbo con valentía y determinación.
Cataluña se juega su futuro democrático en este pulso identitario. La imposición de un único idioma oficial en la práctica destruye el tejido social y empobrece nuestra convivencia. Una gran plataforma constitucionalista unitaria es hoy la única tabla de salvación para rescatar el pluralismo. La libertad y la igualdad merecen una respuesta firme, unida y sin complejos.
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