La politización de la justicia española ha cruzado una nueva frontera institucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha asumido el encargo de desmontar las resoluciones del Tribunal Supremo. El magistrado ha redactado una ponencia de sesenta y cinco páginas que se debatirá el próximo seis de octubre. Su objetivo es tumbar los argumentos del alto tribunal y forzar la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
Para justificar este giro, Conde-Pumpido apela a una supuesta lógica y a un sentido común muy cuestionado por los juristas. De hecho, no duda en acusar directamente al Supremo de haber vulnerado los derechos fundamentales de la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa. Este movimiento no es un caso aislado ni una resolución menor. La decisión que adopte el pleno establecerá una doctrina general de obligado cumplimiento para todos los procedimientos pendientes relacionados con el desafío secesionista.
De este modo, el tribunal de garantías sienta las bases jurídicas para beneficiar a los principales responsables del golpe de Estado del 1 de octubre. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de procesados por desviar fondos públicos verán borrados sus delitos por la vía rápida. La estrategia del bloque progresista en el órgano de garantías se consolida tras el ensayo general del pasado veintidós de septiembre. Aquel día, la mayoría afín al Ejecutivo rechazó una ponencia contraria elaborada por el magistrado José María Macías.
Aquella derrota por siete votos a cinco supuso un aviso claro de las intenciones de la mayoría gubernamental en el tribunal. A Macías se le impuso la redacción de una nueva propuesta favorable a los intereses de los socios independentistas del Gobierno. La coincidencia de ambas ponencias el próximo seis de octubre confirma una hoja de ruta perfectamente sincronizada. El Ejecutivo logra así por la puerta de atrás lo que los tribunales ordinarios se negaban a blanquear bajo el imperio de la ley.
El centro de gravedad de la justicia española se desplaza peligrosamente hacia los intereses de Moncloa. Se debilita al Tribunal Supremo, que queda relegado y desacreditado ante la tutela política impuesta desde el Constitucional. La amnistía al procés avanza inexorablemente hacia su consumación definitiva. Los ciudadanos asisten atónitos a un proceso donde la ley se pliega a la conveniencia de unos pocos políticos a cambio de la supervivencia en el poder.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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