Societat Civil Catalana y la asociación “Abogados Catalanes por la Constitución” han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra ex presidente, Artur Mas, y los ex consejeros, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para que devuelvan a la Generalitat todos los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que se cifra en más de 5 millones de euros.
El archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no les exime de que no deban responder por su responsabilidad contable y presupuestaria, al haber dispuesto de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de “participación ciudadana” carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria. Además ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondos públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas.
En la denuncia, no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal.
Los promotores de esta acción no solo buscan restaurar económicamente a la Generalitat de Cataluña por el quebranto producido por los fondos dispuestos indebidamente, sino que, además, desean instaurar un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal.
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