El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo que vuelve a poner en el foco la gestión de los socios del Gobierno de coalición. El alto tribunal ha elevado al Congreso de los Diputados la petición de suplicatorio para suspender la inmunidad parlamentaria de Félix Alonso, actual diputado de Sumar y dirigente de Catalunya en Comú. La petición busca abrir la vía para proceder penalmente contra él por presunta prevaricación.
La justicia pone la lupa sobre la etapa en la que Alonso ejerció como alcalde del municipio tarraconense de Altafulla. El magistrado de la Sala Segunda, Vicente Magro, lidera la instrucción de una causa que amenaza con abrir una nueva grieta en el bloque de la izquierda parlamentaria, tan dada a la autoproclamada superioridad moral en materia de regeneración democrática.
Según el auto judicial, existen indicios sólidos de que el diputado de la plataforma de Yolanda Díaz recurrió sistemáticamente a la adjudicación de contratos menores para eludir los controles legales. Esta práctica habría servido para esquivar las exigencias de publicidad y libre concurrencia que marca la ley de contratos del sector público.
El escrito del magistrado instructor es tajante al calificar la gestión del exalcalde. Magro apunta a un uso indebido y reiterado de esta herramienta administrativa para cubrir necesidades que eran estructurales y recurrentes en el consistorio, algo que la normativa prohíbe de forma expresa para evitar el clientelismo.
La acusación no se queda en un mero error formal o burocrático de carácter administrativo. El juez señala la existencia de una «absoluta falta de procedimiento y de presupuesto» en las adjudicaciones investigadas, un descontrol que apunta directamente a una voluntad consciente de saltarse los cauces legales establecidos.
El elemento más comprometido del auto judicial describe la presunta motivación detrás de estas irregularidades. El magistrado instructor sostiene que las decisiones de Alonso respondían a la clara voluntad de favorecer e introducir en el ayuntamiento a empresas que mantenían una estrecha vinculación política con su entorno.
La pelota queda ahora en el tejado de la Cámara Baja, que deberá tramitar la petición del Tribunal Supremo. El suplicatorio obligará a los partidos que sostienen al Ejecutivo, incluido el PSOE, a retratarse en una votación donde se decidirá si se permite que la justicia actúe con total libertad contra el diputado de los Comuns.
Este nuevo frente judicial debilita el discurso de Sumar y de sus confluencias territoriales, que históricamente han abanderado la bandera de la pulcritud institucional frente a la corrupción ajena. La presunta prevaricación en Altafulla demuestra que las prácticas de favoritismo no entienden de colores políticos ni de discursos progresistas.
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