Lingüística y escritora, Mercè Vilarrubias (Sabadell, 1964) acaba de publicar su segundo libro: Por una ley de lenguas (Editorial Deusto). En él, la autora propone un nueva ley que, además de considerar a todas las lenguas como “lenguas de Estado”, garantice los derechos de todos los hablantes sin excepción.
La primera pregunta es obligada: ¿en qué consiste la ley de lenguas que propone en el libro?
La Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos, su nombre completo, es una ley estatal que tiene como objetivo una reforma lingüística en España. Supone un cambio de paradigma en cuanto a que pasa de considerar a las lenguas como el objeto de regulación a la regulación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas.
La Ley tiene dos metas: visibilizar y promocionar de manera sistemática el catalán, el euskera y el gallego desde las instituciones centrales del Estado y la segunda, especificar y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en toda España. Ambas cuestiones no están bien resueltas en este momento.
Usted cuestiona la idoneidad del concepto de “lengua propia”. ¿Por qué?
Explico en el primer capítulo de mi libro Por una Ley de Lenguas que el término lengua propia, al ser solo una, sirve para diferenciar las dos lenguas oficiales de las comunidades bilingües y otorgarle un plus a la considerada como propia.
El artículo 3 de la Constitución declaraba oficiales en sus comunidades a las “demás lenguas españolas” si así lo indicaban sus Estatutos. Pero no hacía al catalán, euskera y gallego más oficiales que el español. Instauraba un régimen de cooficialidad. Para evitar la simetría lingüística y la igualdad de derechos entre los hablantes de las dos lenguas de cada comunidad se acuñó el término lengua propia y a partir de aquí, se pudo legislar en favor de esta y en detrimento del español, que es solo oficial y no es propia.
Ha señalado la importancia de que los presos separatistas invocaran su derecho a usar su lengua materna durante el juicio del 1-O. ¿Cuál es la razón?
España nunca ha tenido una geografía lingüística unitaria y, actualmente, casi el 40% de la población vive en comunidades bilingües. Es esta una realidad secular que no podemos ignorar. El hecho de que los nacionalistas en las diferentes comunidades bilingües hayan politizado las lenguas y hecho un mal uso de ellas no significa que nosotros debamos hacer lo mismo. La lengua materna es importante para cada persona, sea esta el español, el catalán o el gallego. Poder expresarse en ella es un derecho de toda la ciudadanía y, aún más, si esta es una lengua oficial.
Ahora bien, debemos señalar que, lógicamente, el derecho a usar la lengua materna es un derecho para todos, no solo para unos, como sucede en este momento. Los presos separatistas quieren usar su lengua materna en el TS pero siguen negando el derecho de los castellanohablantes a usar su lengua materna en la Administración, escuelas y espacio público institucional en Cataluña. Para mí, la solución no es negar derechos a los catalanohablantes a expresarse en su lengua frente a los órganos del Estado —Estado que es de todos y queremos que siga siendo de todos—. De lo que se trata es de especificar y garantizar los derechos de todos. Menos prohibiciones, menos decir qué tienen que hablar los demás y más respeto a la diversidad lingüística, a todas las lenguas maternas y a los derechos de todos los ciudadanos. Este debe ser el enfoque. Hay que ampliar derechos, los de los castellanohablantes en las comunidades bilingües y los de los hablantes del catalán, euskera y gallego en las instituciones estatales.
¿Que en las comunidades bilingües deban conocerse las dos lenguas para trabajar en la Administración no perjudica la movilidad interterritorial?
Al igual que pedimos una escuela bilingüe porque Cataluña es bilingüe, la Administración también debe reflejar el bilingüismo social. Por ello, es lógico que aquellos que trabajan en la Administración dominen ambas lenguas. La cuestión es cómo se puede hacer esto sin perjudicar la movilidad dentro de España y la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo propongo que un 30% de las plazas públicas en las comunidades bilingües sean sin requisito lingüístico de catalán, euskera o gallego —en el País Vasco y Galicia ya existen convocatorias sin requisito lingüístico; es solo en Cataluña y Baleares donde el requisito es obligatorio para todas las plazas—.
Es esta una forma de encontrar un equilibrio: por un lado, asegurar unas administraciones bilingües y por otra, no cerrar la puerta a la movilidad dentro de España. Lenguas como el catalán o el gallego pueden aprenderse sin grandes dificultades una vez los nuevos funcionarios que han accedido a sus puestos sin requisito lingüístico empiezan a trabajar en la Administración. El euskera es otra cuestión debido a su dificultad, pero también es factible, aunque con niveles de competencia menores.
Se ha repetido una y otra vez que la inmersión lingüística catalana es un “modelo de éxito”. ¿Es cierto?
Es propaganda. “Éxito”, ¿qué quiere decir? Nunca se ha definido. Sirve para embellecer la inmersión y frenar las críticas.
Por otra parte, los defensores de la inmersión alegan que es el único modelo que garantiza la cohesión social. ¿Debemos creerles?
Otra consigna repetida una y mil veces sin que se haya aportado nunca ningún dato que corrobore este supuesto aumento de la “cohesión social”. En mi primer libro, Sumar y no Restar, explico cómo todas estas consignas alrededor de la inmersión sirven para hacerla digerible para la ciudadanía. Es un modelo muy extremo, sin parangón en Europa. Debía embellecerse para no levantar sospechas. Otra consigna que analizo en el libro es la de que “tener escuelas en ambas lenguas supone segregar a los alumnos”. Otra es “estudiando en catalán, se aprende catalán y castellano”. Son viejos mantras que no resisten un análisis objetivo.
¿Y cómo se entiende que parte de la izquierda española avale este sistema lingüístico?
Es un problema enorme. Si la izquierda fuera capaz de analizar bien este tema, es muy posible que no hubiéramos llegado donde estamos. La izquierda mantiene una alianza con los nacionalismos periféricos y no quiere importunarles en este tema que es tan importante para ellos —una línea roja para el nacionalismo—. La izquierda no tiene discurso propio en el tema lingüístico y solo ve blanco o negro: o se está a favor de la inmersión o se es un aznarista. Hay que trabajar mucho para que la izquierda comprenda que ellos están colaborando, indirectamente, en la ruptura del país cuando apoyan políticas lingüísticas enfocadas a crear naciones diferenciadas en España.
Cuesta mucho porque son muchos años de tergiversación nacionalista de las lenguas además de una ausencia de discursos públicos sobre los derechos lingüísticos de la ciudadanía. La izquierda, que hace bandera de la defensa de los derechos ciudadanos, cuando se trata de las lenguas, ignora que los ciudadanos también deberíamos poder ejercer nuestros derechos lingüísticos. Una lástima. Hay que seguir insistiendo en que la izquierda debe tener un discurso propio, justo y ecuánime en este tema, centrado en el respeto a la diversidad lingüística del país —la cual, lógicamente, también incluye al español— y los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas.
Recientemente, un ciudadano criticó en redes que una dependienta le atendió en castellano en un comercio de Barcelona. Ante esta situación, el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat anunció que tomaría cartas en el asunto. ¿Es una respuesta razonable?
No. Es una respuesta autoritaria. Debemos rechazar esta política punitiva. Solo conduce a enfrentamientos. Las políticas realmente incentivadoras de uso de las lenguas son políticas en positivo.
Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán ha seguido multando a los comercios que no rotulan en catalán. ¿Son dichas sanciones compatibles con su ley de lenguas?
No. La ley de lenguas no pone obligaciones a los particulares y al sector comercial. Otra cosa es incentivar, ofrecer ayudas materiales para una rotulación bilingüe, esto sí, porque no obliga a nadie y deja la decisión en manos de cada particular.
Por último, ¿una ley de lenguas contribuiría a superar la fractura existente en la sociedad catalana?
La fractura es actualmente muy profunda. Para superar esta situación, hay muchas cuestiones que deberían ponerse sobre la mesa, pero el tema de las lenguas es, sin duda, uno de los más importantes. La Ley de lenguas lograría que se respeten los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y ello contribuiría a pacificar las cosas y reparar una situación injusta. Sin embargo, es necesario previamente hacer mucha pedagogía: todos tenemos derechos lingüísticos, no solo una parte de la población. Costará muchos años entender esto; hay que ser realistas, partimos de una situación muy precaria.
La ley de lenguas no busca solo colmar un vacío legislativo, sino que pone las bases para una percepción de las lenguas y de los hablantes alternativa a la que es hegemónica en este momento. Llevamos cuarenta años de hegemonía lingüística nacionalista en el campo lingüístico, que ha moldeado intensamente nuestra forma de considerar la diversidad lingüística de nuestro país. Revertir esto no es fácil y cualquiera que proponga recetas fáciles, se equivoca. Necesitamos tiempo, pedagogía, firmeza, claridad y ecuanimidad. En ello estamos, con ganas, pero, al mismo tiempo, siendo realistas de que es un proyecto a largo plazo.
Por Óscar Benítez
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