En fechas recientes hemos conocido que la famosa División de Asuntos Internos del Cuerpo policial de los Mossos d’Esquadra ha tenido la magnanimidad de no sancionar administrativamente (herramienta represiva habitual en los ayuntamientos catalanes y en la administración autonómica contra los disidentes) al compañero que fue enjuiciado ideológicamente y se le impone una amonestación verbal.
Para entendernos: es culpable de provocar y no respetar el dogma oficial pero no le quitamos sueldo ni funciones policiales. Pero es culpable, que quede claro para la parroquia ideológica y la predominante en las instituciones públicas.
El otro implicado que iba de uniforme, haciendo supuestamente de mediador (autorizado o no para hacer de cordón de seguridad en manifestaciones, en horas laborales o no, e incumpliendo normativa interna por asistir de uniforme a concentraciones de contenido ideológico) se desconoce porque no se le puede molestar ya que es la inocente víctima.
Esta es la realidad, comúnmente aceptada por muchos conciudadanos en Cataluña. El malo es el policía (harto de aguantar durante horas las sandeces de funcionarios que tendrían que estar trabajando y no en concentraciones con el uniforme oficial reglamentario) cuando recrimina a un grupo organizado, coordinado y con reparto de funciones (sólo hay que recordar la calidad del vídeo de los hechos) que no dificulten la labor policial.
O sea, lo importante es lo que el compañero de policía dice y no la perfecta organización y reparto de funciones de un nutrido grupo de funcionarios que, en horas de trabajo o no, se dedican a asistir perfectamente uniformados a concentraciones de sesgo ideológico.
Estos últimos son los buenos, “sempre seran nostres” y el policía que defiende la legalidad y el orden constitucional vigente es el malo. Lo lamentable es que muchos conciudadanos compran esta versión y se centran en las frases morales : tendría que controlarse al hablar, es un profesional cualificado, debería no caer en provocaciones, etc…
Que fácil es decirlo si no valoras que enfrente están un nutrido grupo de funcionarios también cualificados, organizados, con reparto específico de funciones y que cometen multitud de infracciones deontológicas. De las disciplinarias no se puede ni entrar a valorar porque son los “buenos” y para ellos la reglamentación interna no es aplicable.
Y esto pasa cada día en la comunidad autónoma de Cataluña siguiendo un guión escrito que no tiene réplica estatal y que deja a su suerte a los funcionarios operativos o en el mejor de los casos: al amparo del saturado poder judicial.
Por todo ello, las concentraciones de sesgo ideológico seguirán llenas de frikis con uniforme reglamentario porque los afines les aplaudirán y otros callarán. Por su parte, los funcionarios que cumplan la normativa vigente y acaten el orden constitucional serán reprendidos verbalmente o directamente sancionados administrativamente por “malos”.
Estas visiones morales opuestas ya se han vivido en España, por ejemplo, cuando la banda terrorista ETA asesinaba gente porque eran muchos los que apoyaban o callaban.
Son tiempos de resistencia y tendremos que aprender a vivirlos con buen humor. No nos va a quedar otra opción con la “revolución de las sonrisas”.
David Hernández es presidente de Politeia
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