La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para el presidente el grupo parlamentario de Esquerra y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis y tres meses para el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.
Las reacciones no se han hecho esperar, y el propio Jové ha respondido a través de las redes sociales y lo ha hecho con insultos hacía la justicia, respuesta de manual de los independentistas: «Miserables, malas personas y… (sobre todo) ¡MUCHA COBARDIA! ¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo que hicimos, hacemos y haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad«.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tampoco ha perdido la ocasión para faltar al respeto a la justicia española asegurando que «el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo«, y ha recordado que «trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito».
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