El Palacio de la Moncloa vuelve a chocar contra la realidad de los datos. Las estimaciones iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros han saltado por los aires. Lo que comenzó como un plan para legalizar a medio millón de inmigrantes se ha transformado en una avalancha burocrática sin precedentes.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que la cifra inicial se ha quedado corta. A día de hoy, más de 900.000 personas en situación irregular ya han registrado su documentación para acceder a este proceso. La diferencia entre las promesas del Ejecutivo y las solicitudes reales evidencia una falta de rigor en los estudios demográficos previos.
El plazo para formalizar los expedientes concluye a finales de este mes de junio. Diversas organizaciones no gubernamentales y entidades colaboradoras dan por hecho que el volumen total rebasará el millón de peticiones. Esta situación ha encendido de inmediato los indicadores de alarma en múltiples sectores técnicos del Estado.
La preocupación principal radica en la capacidad de los servicios básicos para absorber tal volumen de nuevos ciudadanos con plenos derechos. El impacto inmediato se dejará sentir en las infraestructuras públicas, ya tensionadas en varias comunidades autónomas. La sanidad, la educación y las ayudas asistenciales sufrirán una presión añadida difícil de gestionar a corto plazo. El acceso a la vivienda, en plena crisis de precios, representa otro de los grandes focos de conflicto que el Gobierno parece no haber calibrado de forma adecuada.
Por si fuera poco, los analistas recuerdan que el efecto de esta medida no se limitará a las solicitudes actuales. La concesión de la residencia legal abre la puerta directa a los procesos de reagrupación familiar en el futuro próximo. Esto significa que el número real de ciudadanos que llegará a España se multiplicará en los siguientes años de manera exponencial.
Frente a estas advertencias, la consigna de los despachos ministeriales parece ser la de acelerar el proceso a cualquier precio. El departamento que dirige Elma Saiz ha priorizado el volumen de registros sobre el control exhaustivo de los expedientes. Las instrucciones internas son claras: se debe tramitar el mayor número posible de instancias antes de que expire el tiempo fijado.
La premura del Ministerio ha llevado a flexibilizar los requisitos exigidos a los solicitantes. El Ejecutivo permite la presentación de solicitudes incluso cuando estas carecen de documentos esenciales de carácter obligatorio. Esta estrategia dilata los tiempos de subsanación y desvirtúa los mecanismos habituales de control administrativo en materia de extranjería.
Los interesados que dejen su expediente incompleto dispondrán de una prórroga extraordinaria para aportar los papeles que les faltan. Este tiempo adicional se mantendrá vigente incluso después del cierre definitivo del plazo formal el 30 de junio. Una decisión que la oposición interpreta como un intento de maquillar las cifras y agilizar los expedientes por la vía rápida.
NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
