El Congreso de los Diputados ha vivido una jornada de equilibrismo político donde el PSOE ha vuelto a demostrar que sus principios son elásticos. Los socialistas han permitido que el topónimo de «Ibiza» se mantenga en su forma en lengua española dentro de la Constitución. Esta decisión llega tras un acuerdo con el Partido Popular, autor de la enmienda que frena el uso del topónimo en catalán (‘Eivissa’).
La reforma, impulsada originalmente por el Parlamento balear, buscaba que la isla de Formentera, que reclamaba un senador propio en lugar de compartirlo con la isla de Ibiza. Sin embargo, el texto original también exigía que la carta magna adoptara el nombre de ‘Eivissa’. El PP, en un movimiento técnico, impuso el nombre en castellano como condición sine qua non.
Para que una reforma constitucional prospere, se necesita una mayoría de tres quintas partes de la cámara. El PSOE, siempre presto a la aritmética antes que a la convicción, ha justificado su postura como un «precio a pagar». La diputada socialista Milena Herrera confirmó la abstención de su grupo en la enmienda presentada por el PP para no poner en peligro el nuevo escaño de Formentera, facilitando que se aprobara por socialistas y populares.
Las declaraciones de Herrera durante el debate han rozado el cinismo habitual de la formación. «Los socialistas estamos aquí y nuestro voto no pondrá en peligro al senador de Formentera», afirmó para sacudirse la responsabilidad. Curiosamente, acusó al PP de intentar «embarrar» la reforma con un matiz, pero acabó aceptando las reglas del juego de Génova.
Esta es la cuarta reforma de la Constitución desde 1978. La anterior, aprobada a principios de 2024, sirvió para modernizar el lenguaje sobre discapacidad. En aquella ocasión, el consenso fue amplio y socialmente aplaudido. Ahora, el cambio se ve empañado por las cuotas de poder y los intercambios de cromos territoriales.
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