El ex presidente de la Generalitat y actualmente prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ha denunciado a España ante la justicia belga.
La defensa del fugitivo Puigdemont y los ex consejeros alegan que Llarena «violó la ley de la UE» en relación a «la libertad de expresión, los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia» por su instrucción del caso del 1-O y que los afectó durante su estancia en Bélgica.
Sin embargo, a diferencia de la primera citación que hicieron en junio del 2018 en Bruselas, la demanda formal incluye tanto acciones privadas como judiciales para sostener estas acusaciones.
El equipo jurídico asegura que, en el momento en que el Gobierno se personó en la causa para defender a Llarena, en tanto que juez del Estado, «se disparó al pie» porque les ha «abierto un horizonte jurídico» nuevo: ampliar el objeto de la demanda. Según argumentan, el hecho de que entren al caso para defender a un juez, los permite incluir también sus actos dentro del espacio judicial y no sólo aquellos que hizo personalmente. Por ejemplo, a la demanda mencionan las órdenes europeas de detención que hizo Llarena.
El ex presidente de la Generalitat continúa con su «show» mediático en busca de una repercusión internacional que no logra.
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