En la trama golpista amparada por el referéndum del 1 de octubre, los máximos dirigentes de la Generalitat tenían perfectamente planificado un plan que contemplaba dos escenarios. El primero, que se cumplió minuciosamente, iba encaminado a crear estructuras de Estado y el desarrollo del referéndum para proceder a proclamar la República catalana, como se hizo en sesión solemne en el Parlamento de Cataluña el día 27 de octubre de 2017.
El segundo plan, mucho más siniestro, consistía en neutralizar a los representantes del Estado español y de las asociaciones civiles constitucionalistas, durante los días posteriores a la proclamación de la República, para evitar que estas personas provocasen una situación de involución que pudiera derrocar a la República recién constituida.
Resulta evidente que si habían planificado todo lo que sucedería antes del 1 de octubre, tal como aconteció de una forma rigurosa, nada nos hace pensar que iban a improvisar a partir de la proclamación de la República.
A raíz del atentado yihadista perpetrado en las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, los mandos de los Mossos de Esquadra activaron un dispositivo antiterrorista al que denominaron Ágora, cuya aplicación preveía realizar actuaciones contundentes para preservar el orden público, y practicar detenciones masivas de personas sospechosas de colaborar con los terroristas. Curiosamente este dispositivo se dotada de una efectividad que finalizaba el día 15 de octubre.
Argumentando la peligrosidad en la prevención de terrorismo, los mandos de la policía autonómica solicitaron armas largas de guerra y granadas aturdidoras, que les fueron denegadas por el Ministerio del Interior.
Cuando se perpetra un golpe institucional de Estado, en el que se produce una transición forzada de un escenario de realidad nacional española a una realidad nacional catalana, y de una Monarquía a una República, lo primero que se tiene que hacer es neutralizar a los dirigentes políticos constitucionalistas que supongan una amenaza para la nueva República constituida.
Es aquí donde se tenía una papel reservado al cuerpo de Mossos de Esquadra ya constituidos como Policía de la República, que con la excusa de preservar el orden público, habrían reprimido con extrema dureza cualquier manifestación en las calles de ciudadanos constitucionalistas, que rápidamente habrían sido tildados como ultras de extrema derecha.
De hecho en las declaraciones vertidas por los principales jefes operativos de los Mossos de Escuadra ante el Tribunal Supremo, han reconocido que tenían una fuerza de reserva de mil agentes especializados en orden público, que no utilizaron durante la celebración de referéndum ilegal, y lo que no ha dicho ni dirán nunca, es que esa fuerza represora estaba destinada para proteger a la República, y para detener a todos aquellos que amenazasen su existencia.
En investigaciones llevadas a cabo por el servicio de información de la Guardia Civil, se ha revelado que los Mossos de Escuadra disponían de varios pisos ocultos en Barcelona, uno de ellos en la calle Numancia. Ante esta realidad nos tenemos que formular la forzosa pregunta, de para qué tienen que tener esos policías unos pisos ocultos, si disponen de muchas comisarías y dependencias policiales. También nos produce extrañeza que esos pisos estén todos ubicados en Barcelona, y se desconozca la existencia de otros pisos en otras ciudades catalanas.
Por otro lado, el Mayor Trapero ha declarado ante el Tribunal Supremo que no hubiera tenido reparos en ordenar detener al presidente de la Generalidad Sr. Puigdemont, y por lo tanto debemos de suponer que en un escenario político diferente de consolidación de la República catalana, tampoco habría tenido excesivos remordimientos para detener al Delegado de Gobierno -ya extranjero- Sr. Millo, a la jefa de la oposición Sra. Arrimadas o al presidente de Societat Civil Catalana Sr. Rosiñol, entre otros.
Por lo que respecta a la segunda pregunta, de por qué sólo existen estos pisos francos en la ciudad de Barcelona y no en otras ciudades catalanas; la respuesta es muy sencilla: porque las principales autoridades del Estado español y de las entidades españolistas residen o trabajan en la ciudad de Barcelona.
Evidentemente en una fase inicial de viabilidad de la República catalana, anterior a la promulgación de la nueva Constitución, que hubiera cesado automáticamente a todos los Jueces destinados en Cataluña, el aparato judicial sería el del régimen anterior, y si se realizase una de estas detenciones, con toda seguridad el Juez de guardia pondría en libertad a estas personas, e imputaría a los Mossos actuantes por un delito de detención ilegal. Por ello sería preciso una vez practicadas estas detenciones, retener a estas personas en lugares no sometidos al poder judicial, y custodiadas por policías totalmente comprometidos con el movimiento insurreccional.
Tengo que reconocer la dureza de las afirmaciones que introduzco en este artículo, pero de estos golpistas me lo espero todo, y evidentemente dudo mucho que no tuvieran previsto este tipo de actuaciones que suponen el abc de cualquier golpe de Estado, como han hecho todos los golpistas a lo largo de la historia, y Cataluña no iba a ser la excepción.
Juan Carlos Segura Just
Doctor en Derecho
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