El precio de defender el castellano en la Cataluña controlada por el separatismo es terriblemente alto. Exigir asignaturas en español en la escuela no es solo un trámite administrativo; se convierte en una arriesgada batalla social.
Las familias que se atreven a denunciar a la Generalitat por discriminación lingüística se enfrentan a un clima de acoso e intimidación. Este señalamiento no se queda únicamente en las redes sociales, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana. La presión es tan intensa que puede llegar a comprometer el ámbito laboral y personal. Un ciudadano puede ver peligrar su puesto de trabajo, sufrir bullying laboral o ser despedido por exigir sus derechos lingüísticos.
Para aquellos con un negocio, la difusión de su postura en defensa del español puede significar una drástica caída de las ventas. La espiral secesionista genera un ambiente de ostracismo que penaliza la disidencia. Es crucial que la sociedad civil y las instituciones reaccionen para luchar contra estos señalamientos y exigir responsabilidades judiciales. No es tolerable que se intente amedrentar a castellanoparlantes que solo piden cumplir la ley.
Resulta lamentable que, en lo que todavía es un país democrático, aunque cada vez menos por las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo, se persiga a alguien por la lengua. Pedir educación en la lengua común no debería ser un acto de valentía.
Sin embargo, las taifas separatistas funcionan como virreinatos de impunidad. Los abusos del independentismo parecen salir gratis, consolidando un «golpe de Estado» permanente que reduce los espacios de libertad constitucionalista.
El objetivo real del separatismo es erradicar el español como lengua de uso en todos los ámbitos: educativo, profesional y social. Su meta no es tanto promover el catalán como desplazar completamente el castellano. Para este fin, la Generalitat cuenta con la complicidad imprescindible del PSC, y no duda en subvencionar a grupos que actúan como «chivatos lingüísticos», como Plataforma per la Llengua, para imponer la hegemonía del catalán, que en el último año ha recibido de la Generalitat más de medio millón de euros.
Frente a este intento de abuso y marginación, es una obligación alzar la voz para reclamar nuestros derechos a usar el español en todo el territorio. Cataluña, por mucha realidad paralela que construyan los separatistas, sigue siendo España.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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