La Generalitat de Cataluña vuelve a activar las alarmas sanitarias. La consejera de Salud, Olga Pané, ha emitido una recomendación de usar mascarilla en el transporte público, el paso previo a obligar a su uso. Esta medida llega en respuesta al aumento de los casos de gripe.
La situación de la gripe, según los datos oficiales, se encuentra en un nivel calificado de «muy alto de transmisión». Este aviso es el pretexto para introducir una nueva restricción. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consejera intentó tranquilizar a la población. Explicó que las vacunas disponibles son eficaces para prevenir «los casos graves» de la enfermedad.
Sin embargo, a renglón seguido, Pané insistió en la necesidad de usar el cubrebocas. Lo justificó como un mecanismo de protección para la población más vulnerable ante el virus. La recomendación en el transporte público se suma a otras obligaciones recientes. Desde el pasado miércoles, la mascarilla ya es obligatoria en todos los centros de salud y en las residencias geriátricas de Cataluña.
Esto dibuja un panorama de regreso a viejas y restrictivas costumbres. La Generalitat demuestra una preocupante tendencia a limitar la libertad de los ciudadanos ante cualquier repunte vírico. Los datos que sustentan esta decisión provienen del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC). El informe más reciente abarca la semana del 1 al 7 de diciembre.
Según el SIVIC, la incidencia de la gripe es muy alta. Estiman 418 casos por cada 100.000 habitantes en la región. En solo siete días, se han registrado 24.969 nuevos diagnósticos de gripe. Esta cifra supone más del doble de los casos detectados la semana inmediatamente anterior. Aunque la transmisión sea alta, la insistencia en medidas que rozan la imposición genera debate. La Generalitat prioriza la restricción externa sobre el fomento de la responsabilidad individual y la confianza en la vacunación.
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