La gestión de la fauna salvaje en Cataluña vuelve a evidenciar las carencias de una administración que parece ir siempre un paso por detras de la realidad. El Ministerio de Agricultura ha confirmado este viernes un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en Cataluña en un jabalí, elevando la cifra total de positivos a 27. Lo que comenzó como un foco localizado se está convirtiendo en una mancha de aceite que amenaza con asfixiar a uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía.
Este último positivo no es un dato menor. Aunque el animal fue localizado dentro del radio de seis kilómetros inicial, su ubicación, más alejada de los focos previos, ha obligado a las autoridades a ampliar las restricciones. Esta falta de control sobre la población de jabalíes demuestra que las medidas preventivas, tantas veces reclamadas por el sector agrario y sistemáticamente ignoradas por los complejos ideológicos de la izquierda, han sido insuficientes.
La ampliación del radio de seguridad a 20 kilómetros afecta ahora a municipios como Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats. En estas localidades, cualquier actividad organizada en el medio natural queda terminantemente prohibida. Esta situación no solo supone un golpe al control cinegético, sino que refleja la incapacidad de las instituciones para blindar el territorio ante una amenaza sanitaria que ya se preveía desde hace meses.
Hasta la fecha, el balance oficial arroja diez focos notificados, divididos en tres primarios y siete secundarios. Esta estructura de contagio sugiere que la dispersión del virus es ya una realidad difícil de contener. Mientras el Gobierno central y la Generalitat se pierden en burocracia, los ganaderos observan con impotencia cómo el virus avanza hacia las explotaciones comerciales, lo que supondría un desastre sin precedentes.
El origen de esta crisis se remonta al pasado 28 de noviembre, cuando se detectaron los primeros casos en las inmediaciones de Cerdanyola del Vallès. Aquel día, España perdió su valioso estatus de país libre de PPA, una distinción que nos había permitido liderar los mercados internacionales. La pérdida de este sello de calidad es el resultado directo de una gestión errática de la sobrepoblación de fauna salvaje en el cinturón barcelonés.
Las consecuencias económicas ya se dejan sentir con fuerza en la balanza comercial. Países clave como México o Filipinas no han tardado en reaccionar cerrando por completo sus fronteras a la carne de cerdo española. Es el precio que paga el sector por la falta de firmeza institucional a la hora de proteger nuestras fronteras sanitarias frente a una enfermedad que ya azotaba a otros países europeos.
En el caso de China, el principal destino de nuestras exportaciones porcinas, la situación es de una tensa calma. De momento, Pekín permite la entrada de productos procedentes de fuera de las comarcas barcelonesas. Sin embargo, cualquier error en la trazabilidad o un nuevo salto del virus fuera de Cataluña podría provocar un cierre total del mercado asiático, lo que hundiría los precios y la rentabilidad de miles de familias.
Dentro de la Unión Europea, las restricciones se limitan al radio de 20 kilómetros alrededor de la zona afectada. Aunque esto permite mantener cierto flujo comercial, la logística se ha vuelto un laberinto de certificados y controles adicionales. La marca «España», vinculada tradicionalmente a la excelencia sanitaria, se ve hoy empañada por la sombra de una enfermedad que el Ejecutivo no ha sabido frenar a tiempo.
Resulta sorprendente la pasividad con la que el Ministerio de Agricultura ha tratado un asunto que afecta al PIB nacional. La prioridad debería haber sido una intervención drástica en las poblaciones de jabalíes mucho antes de que el virus llegara a los entornos urbanos de Barcelona. Una vez más, la gestión de la izquierda prioriza la estética y el apaciguamiento de ciertos sectores animalistas por encima de la seguridad alimentaria y la economía real.
El escenario actual exige menos comunicados de confirmación y más acciones de campo contundentes. Si el número de positivos sigue creciendo y las restricciones se expanden hacia zonas de alta densidad ganadera, el daño será irreparable. España no puede permitirse el lujo de jugar con su sector cárnico por una gestión ambiental basada más en la ideología que en la ciencia veterinaria.
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