En Cataluña hace demasiados años que la ‘desobediencia’ selectiva de las leyes es la norma en una sociedad catalana cada vez más decadente, y solo se cumplen a la hora de pagar impuestos. En las últimas semanas hemos visto como sindicatos radicales de profesores han hecho lo que han querido a la hora de reventar la movilidad del resto de ciudadanos y usarlos como rehenes, ante la inacción policial. Son los ‘herederos’ de los ‘desobedientes’ del ‘procés’, que eran alentados por autoridades como Carles Puigdemont, Quim Torra, Oriol Junqueras o Ada Colau. Por no hablar de la ola de delincuencia que azota Cataluña, ante la incapacidad de las autoridades municipales y autonómicas catalanas para intentar que los malhechores campen a sus anchas.
Este sábado un grupo de unas doscientas personas decidió tomarse la justicia por su mano y saltarse el cierre decretado por motivos sanitarios en el Parque de Collserola, para evitar la propagación de la peste porcina. Esta acción irresponsable demuestra cómo la falta de civismo de unos pocos termina por imponerse cuando las instituciones no transmiten mensajes claros ni firmes.
El cierre del parque, motivado por un brote de peste porcina africana, acumula ya seis meses de vigencia con un balance de gestión nefasto. El Govern de Salvador Illa ha sido incapaz de ofrecer un horizonte de reapertura ordenado, alimentando el descontento de la ciudadanía con su habitual parálisis administrativa. Sin embargo, la ineficacia burocrática del Ejecutivo catalán jamás puede servir de excusa para el quebrantamiento de las normas comunes.
La movilización de este fin de semana, gestada de manera anónima a través de las redes sociales y la plataforma Change.org, carecía de portavoces oficiales y de cualquier cobertura legal. A pesar de ello, el colectivo no dudó en avanzar hacia los accesos de Can Catà con la clara intención de desafiar las restricciones vigentes. La vulneración consciente de las directrices de salud pública supone un peligroso precedente de desacato en el espacio natural.
El comportamiento de los manifestantes rozó la insumisión cuando los agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Local intentaron hacer cumplir la ley. Los participantes en la caminata desoyeron las indicaciones de las patrullas y cruzaron la línea de acceso tanto a pie como en bicicleta. El uso de la masa social como escudo para cometer una infracción administrativa refleja una alarmante pérdida de respeto hacia las fuerzas de seguridad.
La pasividad mostrada por el dispositivo policial en los primeros compases de la protesta retrata la flagrante debilidad política que atenaza a la Conselleria de Interior. Una agente de la policía autonómica intentó identificar al promotor de la marcha, pero los presentes respondieron con un encogimiento de hombros generalizado. El Govern demuestra así una preocupante falta de herramientas y de determinación para disolver una concentración ilegal.
El grupo de infractores alcanzó su objetivo en la zona de Can Coll, donde celebró un desayuno colectivo ante la mirada de unos agentes incapaces de reaccionar. Que doscientas personas acampen a sus anchas en un espacio protegido y clausurado sin recibir una sola sanción es un síntoma de impunidad. La Generalitat envía un mensaje devastador a los ciudadanos cumplidores al premiar la política de los hechos consumados de los infractores.
La actuación policial posterior con los ciudadanos rezagados solo sirvió para acentuar el desconcierto y la arbitrariedad de la jornada. Una veintena de personas que llegó tarde a la convocatoria sí se topó con la firmeza que las autoridades no tuvieron al principio. A este segundo grupo se le impidió el paso bajo la amenaza expresa de identificación y sanción si cruzaban la cinta policial.
Esta doble vara de medir evidencia un fallo de coordinación clamoroso en la cadena de mando del Departamento de Interior de la Generalitat. Se sanciona al ciudadano aislado que llega tarde, mientras se tolera la vulneración flagrante de la ley si el volumen de infractores es lo suficientemente elevado. El Govern socialista se muestra fuerte con el débil y asombrosamente blando con el colectivo que le desafía.
La crisis de Collserola es el reflejo exacto de un modelo de gestión de las izquierdas y el separatismo basado en la inercia y la incapacidad para ejercer la autoridad legítima. Se imponen restricciones severas que dañan la calidad de vida de los vecinos, pero luego se carece de la voluntad política para vigilar su estricto cumplimiento. El resultado es un alarmante desgobierno donde el espacio público queda a merced de los dictados de las redes sociales.
La restauración del orden y del principio de autoridad en Cataluña exige que las restricciones sanitarias se apliquen con criterios técnicos rigurosos y sanciones ejemplares. Ni el Govern puede seguir escondido detrás de una parálisis permanente, ni los ciudadanos pueden decidir qué leyes cumplen y cuáles deciden saltarse. El pulso de este sábado en Collserola es un serio aviso de la degradación institucional que sufre el territorio catalán.
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