La Guardia Civil ha demostrado a lo largo de su historia una lealtad inquebrantable al Estado de derecho, incluso cuando desde el poder político se ha intentado poner en cuestión su independencia. En una democracia madura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben responder exclusivamente a la ley y a los jueces, nunca a los intereses coyunturales de un Gobierno.
Cuando desde el Ejecutivo se lanzan sospechas, se desacreditan investigaciones o se cuestiona el trabajo de los agentes porque sus conclusiones resultan incómodas, no se está atacando únicamente a una institución centenaria: se está erosionando uno de los pilares de la seguridad jurídica.
Los intentos de desacreditar a la Guardia Civil cada vez que una investigación afecta al entorno del Gobierno de Sánchez, como en el caso de las cloacas de Leire, o el intento de manipulación vetando la asistencia a un acto institucional de la Comunidad de Madrid, constituyen una estrategia profundamente perjudicial para la confianza de los ciudadanos.
En lugar de responder con transparencia o facilitar la acción de la Justicia, determinados responsables políticos optan por sembrar dudas sobre la profesionalidad de quienes cumplen con su obligación. Esa dinámica transmite el peligroso mensaje de que las instituciones solo son respetables cuando sus actuaciones favorecen al poder.
Resulta especialmente preocupante que se pretenda presentar como una supuesta conspiración lo que no deja de ser el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), por ejemplo, son elaborados bajo la dirección de jueces y fiscales cuando así corresponde, y están sujetos al control judicial. Si existen errores, deben corregirse por los cauces legales. Pero convertir cualquier investigación incómoda en un ataque político supone una deslegitimación institucional que acaba perjudicando a toda la democracia.
La Guardia Civil no necesita campañas de propaganda ni discursos grandilocuentes. Su mejor defensa reside en décadas de servicio, sacrificio y eficacia frente al terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada. Miles de agentes desempeñan su labor con discreción y profesionalidad, muchas veces en condiciones difíciles y alejados de los focos mediáticos. Son ellos quienes pagan el precio cuando desde la política se alimenta un relato destinado a desacreditar al cuerpo por razones partidistas.
España necesita gobernantes capaces de aceptar el escrutinio de la Justicia sin convertir a los investigadores en enemigos políticos. La fortaleza de una democracia se mide precisamente por la capacidad de sus instituciones para actuar con autonomía frente al poder. Por ello, la Guardia Civil merece respaldo cuando cumple con su deber conforme a la ley y merece protección frente a cualquier intento de instrumentalizarla o desacreditarla por motivos políticos. Defender esa independencia no es una cuestión ideológica, sino una exigencia elemental de cualquier Estado de derecho.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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