Los nacionalistas han intentado usar desde siempre a la Iglesia Católica, o mejor dicho su estructura, para intentar propagar sus ideas, sin respetar que la religión es un sentimiento personal que no debería estar sometido a manipulación política.
Pero hay extremos que directamente son una agresión a la fe de los ciudadanos que libremente han escogido esta opción religiosa. Que cuatrocientos sacerdotes y diáconos catalanes hayan firmado un manifiesto a favor de la celebración del referéndum de autodeterminación convocado por el Govern de la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional es un ataque a la libertad de pensamiento.
Porque los católicos que no comparten que la Generalitat se haya saltado las leyes también profesan esta religión y no tienen por qué ver cuestionada su actitud por parte de sacerdotes. Además, en numerosas homilías dominicales, como la que impartió un monje en el Monasterio de Montserrat, se hizo propaganda a favor de la consulta ilegal.
Que el Gobierno de España haya presentado una queja ante el Vaticano por el pronunciamiento a favor del referéndum de sacerdotes catalanes por considerar que vulnera el Código de Derecho Canónico, así como el espíritu de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 era casi obligatorio. Si la Iglesia tiene ventajas fiscales por el hecho de ser un ente religioso, no puede luego dedicarse a hacer política y a señalar entre “buenos” y “malos” católicos en función de si se apoya el 1-O. La postura de esos 400 religiosos es inaceptable.
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