El Tribunal Constitucional ha anulado la disposición adicional 40 de los presupuestos de la Generalitat y ha declarado que las partidas presupuestarias impugnadas -referidas a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos electorales y participación ciudadana»- son inconstitucionales si se destinan a financiar al consulta ilegal sobre el futuro político de Catalunya al que se refiere el primer precepto.
El TC no ha dejado ningún cabo sin atar y ha exigido que se notifique «personalmente» su decisión al ‘president’ Carles Puigdemont, y a todos los miembros de su Ejecutivo, así como al secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana; al secretario de la Vicepresidencia y de Economia y Hisenda, Josep María Jové; a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; y a la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach.
En un futuro inmediato va a más haber casos ‘Jordis Baigets’ de altos cargos que no se van a jugar el patrimonio personal, dado que el TC ya ha dejado claro que no se puede gastar ni un céntimo en la consulta ilegal y ha informado personalmente a todo el Gobierno que así ha de ser.
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