En el año 2012 una familia castellanohablante de Reus solicitó al Departamento de Educación de Cataluña que la Escuela CEIP Joan Rebull le concediera una educación bilingüe a su hija de 4 años. La madre de la menor denuncia que en el año 2012, “si la escuela Joan Rebull nos enviaba un comunicado, había un acto, una representación, una reunión general de padres, o una reunión con el AMPA, todo era en catalán y se negaban a hablar en español”.
“Viendo que a mi hija le negaban el derecho a una correcta educación bilingüe y que mi marido se sentía impotente por no entender nada y por no poder participar en la educación de su hija, decidí que había que hacer algo. Intenté hablar con la Directora de entonces de la escuela, la Sra. María Dolors Cros Esteve, para que los comunicados fueran también en castellano y que mi marido los pudiera entender directamente sin que nadie se los tuviera luego, días después, que traducir”.
“Además les recordé que tenemos dos lenguas oficiales y estamos en nuestro legítimo derecho legal a pedir los comunicados, al menos, redactados en las dos lenguas. Me lo negaron informándome que los comunicados ellos los hacen solo en catalán y únicamente me concedieron los informes básicos de la niña en P4 y P5 y algunas anotaciones en castellano. Solo se efectuaban reuniones con la tutora en castellano si éstas eran en privado, pero si había terceras personas todo se hablaba exclusivamente en catalán”.
“Cuando nuestra hija realizaba primero de Primaria, la Generalitat nos denegó la educación bilingüe para nuestra hija (o sea un 50% en castellano y un 50% en catalán) y sólo nos otorgó la posibilidad que los comunicados por escrito u orales fuesen también en castellano y no solo en catalán”, reconoce la madre.
Los padres explican a elCatalán.es que “tuvimos que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para luchar por el 50% de las asignaturas en castellano. En mayo del año 2016, acabando casi el curso de primero, nos concedieron unas medidas cautelares hasta la publicación de la sentencia. En estas medidas cautelares obligaban a la escuela a que toda la clase de nuestra hija tuviera otra asignatura troncal no lingüística en castellano (matemáticas) para cubrir como mínimo el 25% de castellano”.
Finalmente las medidas que adoptó la siguiente directora, María Henar García, con presencia y supervisión de la Inspectora de Tarragona Patricia Terradellas Maré, fueron “una hora de matemáticas con explicación oral en castellano, pero con el libro en catalán y solo a media clase, discriminando y dividiendo al alumnado”, informan los padres.
La madre explica que también pusieron “otra hora de informática, que funcionaba de tapadera puesto que no se enseñaba informática sino que solo hacían cálculos básicos matemáticos de sumas en castellano; y que también se impartiría solo a media clase volviendo a discriminar a la mitad del alumnado e incumpliendo con las decisiones judiciales. Suprimían además una hora de plástica para agregarla a la asignatura de lengua castellana, cuando en realidad el tribunal no ordenaba ampliar la asignatura de lengua castellana sino impartir en castellano una materia troncal, o sea, matemáticas, por ejemplo, para toda la clase de la niña”.
La familia, durante el curso 2016-2017, decidió cambiar a su hija de colegio observando el incumplimiento sus derechos como alumna, los suyos y. a su parecer, el “bajísimo nivel educativo” que allí se otorgaba en comparación con otras escuelas públicas nacionales. Empezaron así su actividad escolar de segundo año en un colegio privado-concertado, “para no depender tan a fondo de las directivas ilegales de la Generalitat y sacar a su hija adelante en calidad estudiantil”, aseguran los padres a elCatalán.es.
Esta nueva escuela es trilingüe, las clases de educación física y religión las impartían en castellano. “Debido a que estas asignaturas no son troncales, solicitamos que se cumpliera con las medidas cautelares dictaminadas por el juez por las cuales se debe impartir una materia troncal (las matemáticas) en castellano. El colegio aceptó e hizo dicha petición al Departamento de Educación de Cataluña, que les respondió que había que esperar a la publicación oficial de la sentencia del TSJC, con lo que el Departamento de Educación de Cataluña vuelve a incumplir e infringir las decisiones judiciales“, explican los progenitores.
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, declara a elCatalan.es que “el caso de la familia de Reus es especialmente relevante, porque pone de manifiesto las dificultades que tienen las familias a las que se les reconoce el derecho a una escolarización parcialmente bilingüe, al menos el 25% en castellano con una asignatura troncal, para lograr la ejecución de las resoluciones judiciales”.
En este caso, asegura Domingo, “las trabas y la hostilidad en el centro educativo llevaron a la familia a matricularse en el curso siguiente en otro centro educativo. En la nueva escuela, tampoco se cumplió con el modelo de conjunción lingüística, por lo que tuvieron que volver a pedir la enseñanza de al menos el 25%”.
Domingo añade que “el TSJC tendrá que resolver si una vez concedido el reconocimiento del derecho a una escuela bilingüe, esto afecta a todos los centros educativos en Cataluña en los que se matricule el alumno o sólo al que estaba escolarizado en el momento de la petición inicial”.
A juicio de Impulso Ciudadano, se ha de considerar que “lo más relevante es que el modelo educativo catalán es el de conjunción lingüística y que el Departamento de Enseñanza debe velar porque se cumpla. Si se obliga a las familias a reiterar las peticiones estamos ante un inaceptable fraude en la ejecución de las medidas que conlleva en la práctica la imposibilidad de llevar a efecto el modelo de educación en las dos lenguas vehiculares, que es el constitucionalmente válido en Cataluña”, remarca Domingo.
Por lo tanto, constata Domingo, “se ha de facilitar el derecho, no obstaculizarlo por lo que consideramos que la sentencia debe ser favorable a los derechos del niño y no amparar la persistente obstrucción que hace la administración educativa catalana para impedir el ejercicio del derecho a una escuela bilingüe.”
La portavoz de la Asamblea Escuela Bilingüe, Ana Losada, cree que “la Generalitat no pregunta si los padres quieren la educación bilingüe; por parte de la administración catalana no se han hecho encuestas para saber cuántas familias la han solicitado. Sociedad Civil Catalana (SCC) encargó una encuesta a GESOP donde se constata que un 75% de las familias quieren un 75% de educación trilingüe, un 14% la piden bilingüe y solo un 8% la quiere únicamente en catalán”. “Lo que se ha hecho con la familia del CEIP Joan Rebull es totalmente ilegal”, afirma Losada, “incluso se informó a los otros padres de quién era la familia que había solicitado la educación bilingüe”.
La directora del CEIP Joan Rebull, manifiesta que “no hablaré del tema, ya que yo no estaba en la dirección de la escuela en el momento que sucedieron los hechos”
Desde el TSJC indican que “había unas medidas cautelares solicitadas que han finalizado pues la persona sobre la que se habían pedido aplicar ya no está inscrita en el centro escolar y para que se aplique la enseñanza bilingüe tal como quiere la familia en el nuevo centro tendría que empezar el procedimiento desde cero”.
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