De aquellos polvos estos lodos.
Los errores de los gobiernos españoles desde la transición nos han llevado a una situación donde la convivencia en Cataluña se ha resquebrajado y corremos el peligro de que se extienda como una metástasis al resto de España.
Desde principio de los 80 los dos grandes partidos nacionales junto a los nacionalistas vascos y catalanes se constituyen en una partitocracia merced a un sistema electoral que genera bipartidismo en las elecciones generales y en las autonómicas. Podríamos decir que es un pacto no escrito con tintes mafiosos por el que los nacionalistas facilitan la gobernabilidad del estado a cambio de una cesión continuada en las reclamaciones insolidarias del nacionalismo periférico.
Ha habido silencios cómplices –a veces verbalizados, sobre todo por el PSC– de socialistas y populares en temas de asimilación identitaria (inmersión lingüística y nacionalización de alumnos), con estilos distintos entre País Vasco y Cataluña. Procesos que ya empiezan a caminar en Valencia y Baleares; todavía en fases iniciales pero que seguramente podrían sufrir un acelerón en función del resultado del órdago en Cataluña.
La priorización de los intereses de partido (PP y PSOE) dejó en segundo plano los intereses nacionales (de España) con una continua cesión de cuestiones estructurales (para el nacionalismo) a cambio de apoyo coyuntural. En el caso catalán la persistencia del nacionalismo marcaba un proceso lento hacia la secesión. Como decía Pujol “primer paciència, després independència”.
Y llegó el Procés y su respuesta.
La crisis económica, los recortes que impusieron el gobierno de la Generalitat y la respuesta social contra los mismos –rodea el Paralament, 15 de junio de 2011, prácticamente un año después de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut–, asustaron al entonces President Artur Mas y piso el acelerador secesionista y apareció lo que todo el mundo denomina procés. Fue un acelerón a destiempo y mal calculado. Se junto el miedo escénico de Mas y continuó el mesianismo de Puigdemont.
El nacional-catalanismo se encuentra a las puertas de la ansiada independencia y sin embargo no cuenta con la hegemonía necesaria para ella. La manifestación del 8 de octubre, contraria al secesionismo, desvela la realidad: Existe una mayoría social contraria al procés, hasta el momento silenciada y poco representada por los partidos que se autodenominan constitucionalistas, que sale a la calle a reclamar lo que parecen haber olvidado los nacionalistas: Seny, sentido común y un sentimiento de pertenencia sin ismos: “no somos fachas, somos españoles”.
La Constitución de 78.
Ciertamente la situación política en el ámbito estatal le permitía augurar una debilidad del Gobierno español, que a pesar del estilo pasivo-agresivo de su presidente, ha conseguido un pacto de estado para aplicar el artículo 155. Las estrategias del secesionismo en esta situación se reducen a un intento por generar una sublevación callejera permanente que debilite dicho pacto y obligue a ceder y negociar al Gobierno.
Habrá que repetirlo de nuevo: No me fío ni de Rajoy, ni de Sánchez, ni de Rivera, de ninguno. Pero ante una quiebra del “Contrato Social”, nuestra Constitución –no hay otra-, se han de utilizar los mecanismos que en ella nos dimos; y el 155 es totalmente legal y legitimo. La forma de aplicarse corresponde al gobierno de turno y siempre dentro de la legalidad. Seguramente preferiría otro actor en el puesto de Presidente del Gobierno, pero entre nosotros: “no se me ocurre quien”.
Así pues el 155 no está para garantizar la mayoría absoluta del PP en unas posibles nuevas elecciones generales, ni para que el PSOE tome distancia de Podemos, ni para consolidar la opción centro-derecha de Ciudadanos, no. Es posible que tales cosas puedan pasar de resultas de esta crisis política. También el nacional-catalanismo se beneficiará de la polarización social que ellos mismos han generado. Pero es el momento de mirar más allá. Es el momento de salvar la idea de democracia en España.
Restaurar la democracia.
Restaurar la democracia en Cataluña, y por tanto en España, no es flor de un día. Por ello las elecciones como pretenden PSOE y Ciudadanos no pueden ser inmediatas. Esa inmediatez solo beneficiaría a ERC y la CUP. Supongo que el PDeCat intentará mantener la coalición de JxSí, única manera de garantizar la mayoría minoritaria actual.
Para que las elecciones autonómicas sean realmente democráticas deben cumplir ciertas condiciones entre las que destacan la pacificación de la calle, la neutralidad de los medios de comunicación públicos de Cataluña (radio, televisión y prensa escrita) y una autentica libertad de prensa para los medios privados eliminando las subvenciones politizadas existentes.
Sería ideal que mientras tanto ese Parlament que podrá, parece ser, seguir trabajando, elaborase una ley electoral catalana con circunscripción única que elimine los privilegios que hasta la fecha ha disfrutado el nacionalismo. Dudo que tal cosa se haga dada su mayoría parlamentaria. Pero si sería bueno un compromiso de todos los partidos que no están en ese grupo en afrontar dicha reforma en el futuro/nuevo Parlamento catalán.
Una gran crisis nos concede una gran oportunidad. No es la primera vez, ni la última, que lo digo: “Hemos de romper el statu quo en Cataluña”. El nacional-catalanismo ha de dejar de ser hegemónico en nuestra comunidad autónoma. Entiendo que aspirar, hoy, a la hegemonía de la izquierda no nacionalista es utópico, pero que se imponga un pensamiento progresista que apuesta por una sociedad catalana abierta y democrática, donde los valores de igualdad y solidaridad sean los prioritarios, sería un primer paso para ese cambio que la mayoría de los que nos manifestamos el domingo, 8 de octubre, y de muchos más que no asistieron, deseamos para Cataluña y España: Una en otra y toda en todos.
Salud y República (Española, ¡claro!)
Nou Barris, Barcelona, 24 de octubre de 2017
Vicente Serrano es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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