Un estado de alarma para consolidar el cantonalismo. Deconstruyendo España

Esta pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad del Estado. Desde el principio se vio claro que se llegaba tarde al primer estado de alarma y que este se levantó prematuramente, por presiones de los nacionalistas y como forma de evitar desgaste político del gobierno Sánchez-Iglesias. El supuesto mando único no acabó de funcionar nunca, porque, en la práctica, se cedió informalmente el control a las autonomías. Y del discurso de la unidad –solo discurso–, se ha pasado a la aprobación de un estado de alarma de seis meses como cobertura legal para que los nacionalistas practiquen y consoliden sus estructuras de estado.

Antes, la constitución exigía renovar el estado de alarma cada quince días, y ahora, en cambio, no hay problemas en hacerlo por seis meses. El gobierno trabaja a tientas, prueba/error, pero se escapa del control parlamentario. Antes, las mascarillas no servían para nada, y ahora, cuando la situación, siendo grave, no lo es tanto como en marzo y abril, son obligatorias.

El gobierno de Pedro Sánchez declaró un estado de alarma para la Comunidad de Madrid, dice que basándose en criterios científicos; parece que, a los pocos días, Navarra superaba en contagios y otros parámetros a Madrid, pero, ahí ¿no fue necesario? El elemento partidista, y de colegas de moción de censura, determina las actuaciones de nuestro gobierno antes que el bien general.

Nunca existió, ni existe, la “Comisión de Expertos” del Estado, como tampoco existen en las Comunidades Autónomas: las decisiones responden a criterios partidistas o de oportunidad electoralista.

Mientras en Cataluña, teniendo cerrado hostelería, estéticas y otros servicios de contacto cercano suben los índices de contagio (con las peluquerías abiertas, siendo del mismo gremio y habiéndose tomado las mismas precauciones), en otros sitios, como la Comunidad de Madrid, con los bares, restaurantes, estéticas y peluquerías abiertos, los contagios bajan, demostrando la falta de criterios científicos.

Que el Conseller de Empresa, Ramon Tremosa, de JxCat o PdeCat (a saber), proponga abrir parcialmente restauración y estética este viernes (13/11/20) demuestra lo poco científico de las decisiones políticas (enfrentado, eso sí, a su compañero de gobierno y presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, de ERC), y lo mucho que tienen de electoralistas. Las evidencias científicas que a unos les sirven para abrir, a otros les sirven para cerrar. Que el resultado final sea una prórroga del cierre de 10 días para la Hostelería y la apertura de estéticas y otros servicios de contacto cercano este viernes, 13, demuestra el pacto in extremis de los socios nacional-secesionistas de la Generalitat (PDeCat y ERC) y la falta de criterios científicos.

La falta de criterios únicos, medibles y transparentes produce desafección e indiferencia de los ciudadanos. Pero sobre todo nos instala en la frustrante conmoción de que España es un estado fallido que no protege a los más débiles. Una situación que parece encantar a los nacionalismos periféricos y que alimenta al neofranquismo pseudo-contestatario de Vox.

Mientras tanto, el Gobierno Frankenstein de la pseudo-izquierda, o izquierda reaccionaria que diría Félix Ovejero, alimenta la bestia del nacional-secesionismo con más concesiones. Que el castellano deje de ser, nominalmente, lengua vehicular en la enseñaza colma los deseos de aquellos que pretenden continuar su tarea de construcción nacional, de secesión.

La realidad es que en Cataluña hace tiempo que el castellano es tratado como una lengua extranjera. El incumplimiento de la Constitución y de las sentencias “suaves” del Constitucional estableciendo un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano suena a chiste, si no fuera por lo serio que es el tema. Con la ley Celaá se pretende blindar la marginación que ya se está dando al español en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Euskadi. Solo falta que los Inspectores de Enseñanza los nombren a dedo… Bueno, ya lo hacían.

Nadie tuvo arrestos para ponerle el cascabel al gato, ni PSOE ni PP, y ahora, acostumbrados a la concesión continuada, dar un paso más en la deconstrucción de España parece no ser muy importante.

Los posibles recursos ante el Constitucional podrían paralizar la ley Celaá, o no. Pero el daño ya estará hecho.

Lo peor es que la marginación del castellano o español supone –está suponiendo desde hace años– la condena de las clases trabajadoras catalanas a la subsidiaridad y a la insignificancia política. Hoy los García, los Pérez, los Fernández, los Sánchez, tienen averiado el ascensor social.

Llamar social-comunista a este gobierno es una sandez de la derechona. Pensar que la redistribución de la riqueza será posible con estas gentes que nos gobiernan es una quimera. Con ellos parece que se beneficiarán los tiburones de la banca y aseguradoras nacionales e internacionales que aspiran a hacerse con el negocio de las pensiones privadas… Hasta será obligatorio tener un plan de pensiones privado, en el camino hacia reducir las jubilaciones ─es parte de un proceso de privatización de servicios publicos, que este gobierno parece alentar─. El Ingreso Mínimo Vital será lo que se preveía… pura limosna, burocráticamente lenta y economicamente insuficiente, que además se solapa y colisiona con “rentas de inserción autonómicas”. ¿Y la reforma laboral? Tiempo al tiempo.

Ya quisiéramos un gobierno social-comunista que se planteara como objetivo la igualdad de todos los españoles, la redistribución de la riqueza, la eliminación de los privilegios que han ido consolidando las autonomías: las históricas y las no históricas, si es que hay alguna no histórica. Un gobierno que desarrollase con leyes orgánicas los derechos sociales que contiene la constitución: trabajo, sanidad, vivienda y pensiones. Un gobierno que se planteara recuperar las competencias de sanidad, educación, justicia, seguridad y prisiones. O que al menos elaborara leyes de bases que permitan la supervisión y actuación en esas áreas.

Y si realmente creyera en la República, en la República Española se olvidaría de la plurinacionalidad y mandangas al uso. El autonomismo es positivo si hay una buena asignación de competencias no blindadas junto a una jerarquía institucional y una fidelidad constitucional.

El federalismo concebido como un derecho originario de los territorios es un proyecto desastroso para España como nación política. Cosa que tenían muy claro en la II República Española.

Oír a Iceta hablar de profundizar en la autonomía de Cataluña y en la posibilidad de hacer un referéndum que permitiera la independencia con un 65% de los votos (no del censo), aparte de demagógico (eso ya lo consiguieron con la reforma del Estatut que votó menos de la mitad de los catalanes, y con los dos refrendos ilegales que montaron los nacional-secesionistas) es antidemocrático (deja fuera de esa decisión a la mayoría de los españoles), y queda claro que es Iceta (PSC) quien ha ganado la batalla dentro de PSOE sin ser parte del mismo. La “ambición morena” (P.S.) no tiene más proyecto que mantener su culo pegado al sillón, dado su inexistente sentido de Estado.

No hay izquierda, no hay socialistas ni comunistas. PSOE y UP son instrumentos para un proyecto que ya no puede llamarse de izquierdas. Se disfrazan de izquierdas como el lobo que se pone piel de cordero.

Es necesario reconstruir una izquierda constitucionalista con un proyecto para España, para la clase obrera española.

Nou Barris, Barcelona. Sábado, 14 de noviembre de 2020.

Vicente Serrano. Miembro de la Junta Directiva de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista. Autor del ensayo EL VALOR rEAL DEL VOTO. Editorial El Viejo Topo. 2016

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