Recordemos ahora que se acerca el fin de año, porque nunca deberíamos olvidarlo, que el gobierno autonómico golpista de Cataluña, antaño conocido como ‘Generalitat’, discriminó a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en esta comunidad autónoma respecto a miembros de otros cuerpos policiales con la vacunación contra el Covid-19.
Y es que desde hace unos meses es firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que probaba este extremo. Y es que la bajeza moral de ERC y Junts (entonces los dos partidos gobernaban la Generalitat) llegó al extremo de retrasar la vacunación de los agentes de estos dos cuerpos que, al ser colectivos de alto riesgo de contagio por su contacto directo y constante con la población, y además pertenecer a los servicios esenciales, deberían haber sido inmunizados con presteza.
Durante la crisis sanitaria causada por el Covid la Generalitat se volcó en vacunar a ‘su’ policía, los Mossos d’Esquadra, y evitó hacer lo mismo a los que considera “fuerzas de ocupación”, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Frente a la miseria moral de un separatismo que ha perdido cualquier freno moral, solo queda la firmeza de un Estado que debería tener un mínimo de dignidad.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo debería haber salido el ministro del Interior a exigir unas disculpas públicas, por parte del presidente de la Generalitat, a todos los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional a los que se vacunó con retraso. No solo no se ha hecho, sino que el Gobierno de Sánchez sigue cediendo a todas las pretensiones del separatismo, como con la Ley de Amnistía.
No se puede degradar más la confianza de los españoles en nuestras instituciones, porque el presidente del Gobierno está al servicio de lo peor de la política española: los partidos que han intentado subvertir nuestro régimen constitucional de libertades.
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