Una alianza que a algunos les parece de lo más natural (y ante la que la derechona más rancia se frota las manos) entre unos nacionalpopulismos disgregadores que nunca han sido de izquierdas, y un populismo pijiprogre y oportunista que de izquierdas no tiene más que las apariencias (unas apariencias, además, cada vez más esperpénticas y risibles), han puesto ahora en su punto de mira a la institución de la Jefatura del Estado, y apelan a un supuesto “candado” franquista sobre el sistema constitucional español para justificar la desobediencia a las leyes y la insumisión a los tribunales por parte de determinados cargos políticos con perpetua vocación de utilizar en su beneficio el cargo y de ignorar los límites democráticos a sus competencias legales.
Pero ni hay ningún candado constitucional, ni la Constitución Española del 78 es –como no se cansan de repetir algunos– una herencia del franquismo. El candado que atenaza a España es la partitocracia. Esta se consolidó a principios de los años 80, tras el fracaso de la LOAPA, con un pacto de reparto de poderes entre PP y PSOE y los partidos nacionalistas de la época, CiU y PNV. A la monarquía juancarlista no le quedó más que sancionar ese pacto.
Una de las características de la partitocracia ochentera, que aún nos gobierna, es precisamente la institucionalización de los partidos como entes depredadores, cuyo objetivo principal es mantenerse, instalarse y perpetuarse en el poder. Por eso, toda la maquinaria interna, externa y social (medios de comunicación propios y públicos, entramados de empresas e instituciones, asociaciones, fundaciones, ONGs, etc.) de los partidos trabaja para ello. Por ello solo medran los ambiciosos y los ególatras.
Las oligarquías patrias, tan contentas durante cuarenta años con los repartos de prebendas que convirtieron a la corrupción en el blasón de la política en España y su Estado de las Autonomías, ha pretendido, en los últimos años, una sustitución de los partidos que abanderaban en el ámbito estatal esa partitocracia. Podemos debía sustituir al PSOE tras deglutir a IU, y Ciudadanos “sorpassar” al PP.
Es evidente que la operación salió mal y nos encontramos en una situación enquistada y endiablada de imposible solución. Aunque el sistema electoral español tiende a la configuración de un bipartidismo imperfecto, la ruptura del pacto que ha supuesto la huida hacia delante de los nacionalismos (principalmente del catalán, con el proceso independentista), junto a la fragmentación de la derecha con la aparición de Vox, han llevado a la configuración del “Gobierno Frankenstein” (PSOE + UP + secesionistas)
Las oligarquías patrias, tan beneficiadas durante tantos años de la corrupción y de vivir a costa del erario público, con toda suerte de privatizaciones de servicios públicos y de beneficiarse de la gestión de las grandes infraestructuras (a la par que recibieron millones de euros para sanear la podrida banca española y dilapidar, regalándoles, las cajas de ahorro), hoy están noqueadas a pesar de intentar un tímido amago de amenaza con la deslocalización de empresas de Cataluña.
La ciudadanía, el pueblo español, el demos, los depositarios de la soberanía, permanecen secuestrados por los sortilegios de la Transición mal digerida por la izquierda… y por la derecha. Ciudadanía que tampoco parece haber entendido el problema y continúa enquistada en un guerra-civilismo desfasado. Mientras la derecha se enroca en el patrioterismo o nacional-españolismo, la izquierda reabre la frustración por no haber sido capaz en su momento de forzar la ruptura. Mientras en Europa los partidos aparecen y desaparecen por una ciudadanía más crítica (no siempre acertada, pero crítica), en España el maniqueísmo guerra-civilista parece abocarnos a una repetición esquemática de resultados, sin importar mucho cuál es el partido que se lleva finalmente la marmota al agua.
La mixtificación de la II República como un estado federal –algo totalmente falso y contrario a la historia– encuentra su clímax en la reclamación de una “república plurinacional” en la que lo federal quedaría ya diluido en la supuesta “soberanía originaria” de los territorios que la constituyen, como si la construcción histórica de España como Nación Política, como Estado-Nación, fuera un invento franquista o borbónico: como si acabáramos de salir del periodo visigodo de nuestra historia. El ahistoricismo campa entre los relatos políticos a diestra y siniestra.
La obsesión por un federalismo disgregador llevó a la España de la Primera República al cantonalismo insolidario y agresivo, con un peligro real de ruptura del Estado. La situación actual no es menos grave. Tenemos un gobierno que no cree ni en la España actual, ni en la de la Segunda República, que era la España de Machado, de García Lorca, de La Pasionaria, de Azaña, de Celaya, de Picasso, de Alberti… Pero que, por no creer, ni siquiera cree en la España que les vota.
Proyecto de taifas
No hay proyecto republicano para España. Puede que haya un proyecto de taifas, nominalmente republicanas, pero que, en realidad, serían más bien sistemas totalitarios, tal como pudo verse con las ilegales “Leyes de Desconexión” que el nacional-secesionismo pretendió imponer para Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Al menos, eso es lo que puede colegirse de las continuas concesiones al secesionismo, como, por ejemplo, la rebaja al 50% de los contenidos educativos que marca el Gobierno Central en las Autonomías con competencias en Enseñanza (aparte de haber hecho dejación de su función supervisora e inspectora hasta la fecha, dejación que se supone mantendrá en adelante).
Una República sin norte, hoy, en España, es el final de España como Estado-Nación y una garantía de crisis y pobreza para las clases trabajadoras, además de una involución democrática. Sería el resultado de mezclar la “república identitaria catalana” con el “cantonalismo o “derechoadecidir” podemita. Ese “republicanismo revanchista” no tiene acogida entre una ciudadanía que pretende mejorar en igualdad y justicia social. Aspirar a una nueva República en España ha de ser una aspiración que implique mucho más que el simple cambio en la forma de la Jefatura de Estado, más, mucho más.
La monarquía parlamentaría española no difiere en lo democrático de otras monarquías o repúblicas europeas. Las funciones del Jefe del Estado son representativas (exceptuando Francia, donde el presidente de la República tiene mucho de monarca “absolutista”), sin capacidad ejecutiva, parlamentaria ni judicial. (Art.3 C.E.:”Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno”.). Esto quedó patente cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vetó la presencia del Rey Felipe en Barcelona. Pretender, pues, que los males de España son culpa de una monarquía heredera del franquismo, suena, cuanto menos, a boutade y representa un auténtico insulto hacia todos los luchadores de la izquierda democrática y antifranquista que participaron en el diseño de aquella Transición.
No digo yo que la Transición no pueda ser revisada, pero de ahí a manifestar que la España actual es franquista y, sobre todo, hacerlo desde el poder del Estado, no suena ya a broma, sino a estafa. Que la derecha españolista y la catalanista privatizaron la sanidad en Madrid y Cataluña es obvio, pero es evidente que en los periodos de gobierno de izquierda no parecen haber hecho mucho por revertirlo, ni desde las autonomías ni desde el Gobierno Central.
Es más cómodo para los líderes de la izquierda apuntar contra la monarquía que asumir su responsabilidad en la crisis del Estado. No quiere esto decir que la monarquía juancarlista no sea corresponsable de la institucionalización de la corrupción y de las prácticas partitocráticas, no, pero no más que la partitocracia. Eliminar la inviolabilidad del Rey parece razonable y necesario. Pero si solo nos quedamos ahí, seguiremos con el problema encima de la mesa. Romper la partitocracia exige algo más que algunos cambios en la Constitución:
Democratizar los partidos no es instaurar un sistema de primarias que, en sí mismo, endiosa a los vencedores. El cambio del sistema electoral hacia una circunscripción única parece indispensable, pero otra cosa es que los actuales partidos estén dispuestos, como lo estuvieron durante la Transición, a transigir y a renunciar a privilegios. Recentralizar las competencias de Sanidad, Educación y Justicia es imprescindible, pero la dependencia del sistema partitocrático de los votos de los nacionalistas lo hace inviable.
Es necesario acabar con los privilegios de los políticos: ni jubilaciones doradas, ni salarios estratosféricos; una ley orgánica de remuneraciones de cargos electos que imponga franjas salariales según responsabilidades haría bien a la confianza en los políticos… Pero entrar en esos debates no parece interesar a nuestra clase política.
Es la partitocracia, estúpidos. Es la partitocracia.
Torrejón el Rubio. Monfragüe. Cáceres. Noviembre 2020
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