Carta a la comunidad internacional para evitar diálogos espurios

Como saben, estamos viviendo tiempos difíciles. Para entender cómo se ha
llegado hasta aquí hemos de explicar que Cataluña, una de las regiones más ricas
de España, ha sido gobernada durante más de tres décadas por una élite
nacionalista que ha puesto todo su empeño en construir una administración
catalana distorsionada, donde todo lo que recuerde a España desaparezca.
Durante ese tiempo han impuesto la voluntad de la mitad de los ciudadanos
catalanes, los nacionalistas, sobre la otra mitad. Y hoy lo hacen con más fuerza
que nunca, amenazando inminentemente con separar a Cataluña de España.

Construcción nacional. Un documento interno del Gobierno nacionalista
catalán (de 1990) detalla minuciosamente la estrategia para distorsionar la
realidad social. Los sucesivos gobiernos autonómicos han promovido el acceso
de nacionalistas (y catalano-parlantes) al profesorado, a las asociaciones de
padres de alumnos, a los órganos rectores de las universidades, a los altos cargos
de los medios de comunicación y, en fin, a todo el tejido funcionarial, social,
empresarial y sindical.

Así se explica también la “espiral del silencio” que ha ocultado y acallado
durante décadas a más de la mitad de los ciudadanos catalanes. Por eso es hora
de hacer presentes a estos trabajadores, públicamente ausentes, que no quieren
perder sus derechos en Cataluña y sus vínculos familiares con España. La
realidad social catalana, negada por el nacionalismo, es plural. Primero porque
más de la mitad de los catalanes tiene el español como lengua materna. Segundo,
porque ni siquiera hay una mayoría política nacionalista: el Gobierno separatista
se apoya en una mayoría de escaños, no en una mayoría de votos.

Corrupción y desconexión política. Pese a todo, el Parlamento autonómico
declaró el 8 de noviembre de 2015 el “inicio de la creación del Estado catalán
independiente en forma de república”, añadiendo que “el Parlament y el proceso
de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las
instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. El 6
de septiembre rebasaron todos los límites. Prescindiendo incluso de las mayorías
que exige su propio Estatuto de autonomía, de las garantías, de los informes
preceptivos de sus instituciones e incluso prescindiendo de los plazos del debate
parlamentario, abonaron el terreno legislativo para la ruptura. En ausencia de los
principales partidos de la oposición, casi la mitad del hemiciclo, aprobaron dos
leyes para la “desconexión” con España: la Ley para el referéndum o la Ley de
Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que entrará en vigor,
dicen ellos, tras romper la soberanía. En las próximas horas o días.

En 2010, el independentismo concitaba en Cataluña el apoyo del 19% de la
población; y en 2003 tan sólo el 10%. Al proceso de ruptura descrito se llegó tras
una radicalización que empezó a dispararse en 2013. En marzo de ese año, el
prolongado descontento por los recortes seguidos a la crisis económica fue
reconducido contra España. “España nos roba”, aseguraba Convergencia i Unió,
el partido en el poder. Con ese ardid quisieron tapar la trama de corrupción de la
familia de Jordi Pujol, ideólogo de la construcción nacionalista y Presidente de
Cataluña entre 1980 y 2003. Salió a luz la financiación ilegal de su partido,
mediante concesiones de contratos públicos a empresarios afines. El actual
Presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, formaba parte de este
partido, que hoy ha cambiado de nombre a PdeCat para borrar el rastro.

Las implicaciones de la soberanía. Lo propio de la soberanía (y por eso ésta se
declara indivisible en todas las Constituciones del mundo, salvo raras
excepciones como Etiopía o la antigua URSS) es que todo es de todos sin que
nada sea de nadie. Una soberanía es una unidad de decisión, es una comunidad
de justicia. Nadie puede votar quién pertenece a la comunidad política, pues esto
implicaría que una parte de la población puede excluir a la otra. Si las regiones
más ricas pudieran votar irse estaríamos sometidos a su perpetuo chantaje y
peligraría la igualdad de derechos y obligaciones. La soberanía sobre Cataluña
pertenece también al resto de ciudadanos y trabajadores españoles; así como el
resto de España es también propiedad política de los catalanes.

Historial de falsos agravios. Cataluña no es una región expoliada ni tiene un
déficit fiscal anormal. España es en la práctica un Estado federal y los catalanes
disfrutan de un amplísimo autogobierno y no tienen vulnerado ningún derecho.
Es más, pese a ser minoría quienes tienen el catalán como lengua materna, e
incumpliendo sentencias de nuestros altos tribunales (que obligan a impartir al
menos un 25% de clases en español), en los colegios públicos catalanes no se
imparte en español más que la asignatura de Lengua española. Por otra parte,
nunca hubo una guerra de secesión en los años posteriores a 1700, sino una
guerra internacional de sucesión al trono. Nunca hubo ningún episodio histórico
de “España contra Cataluña”. Su estrategia siempre ha sido inflamar el
victimismo.

Internacionalización del conflicto. El Gobierno independentista lleva muchos
años utilizando instituciones propias sitas en las principales capitales
internacionales para difundir al mundo sus mentiras y falsos agravios, desviando
ilícitamente fondos a actividades de propaganda que tenían que haberse aplicado
a la cobertura de servicios básicos. Así esperan haber ganado aliados para este
momento de tensión. Necesitan esos apoyos para ganar políticamente lo que no
es democráticamente viable.

Riesgos para nuestra democracia. Hoy se habla mucho de “intermediación” y
de “diálogo”. Nos preocupa que haya personalidades públicas o instituciones
internacionales prestigiosas que (con la mejor intención) no se den cuenta de que
apelando al diálogo en las actuales circunstancias pueden en realidad estar
presionando al Gobierno de España para que ceda a inicuas reivindicaciones que
buscan romper la igualdad de los españoles ante la ley. La paz social y las
libertades son ahora lo más urgente; pero también está en juego la democracia y
el pacto solidario en que ésta se basa. Creemos que el Estado de Derecho y sus
instituciones, cuya salvaguarda es tarea del Gobierno de España, merecen ahora
el respaldo internacional para no ceder al chantaje y preservar la legalidad en
Cataluña frente a quienes cantan en las manifestaciones que “las calles serán
siempre nuestras”. Los secesionistas anteponen las imágenes de movilización en
las calles a la aritmética parlamentaria y a la ley; y eso es un riesgo evidente para
cualquier democracia. Basta con ver quiénes son sus aliados. Por eso rechazamos
de plano una hipotética bilateralidad España-Cataluña, que premiaría a los
sediciosos y arrebataría al resto de españoles su soberanía democrática.

Principio de legalidad. Por último, no deberíamos olvidar que el mal llamado
‘referendum’ del 1 de Octubre (que transcurrió con incontables irregularidades
que invalidan cualquier atisbo de credibilidad) fue declarado nulo de pleno
derecho por nuestro Tribunal Constitucional, del mismo modo que lo hicieron el
Tribunal Constitucional italiano ante la pretensión soberanista del Véneto en
2015 o el alemán, ante la acometida de Baviera, en 2016. Por lo demás, y a
diferencia de lo que ocurre en estos dos países, o en Francia y Portugal, nuestra
Constitución no es militante y entre las posibilidades de reforma podría
concebirse la de un federalismo que regule el ejercicio de la autodeterminación.
A muchos de los firmantes una reforma en ese sentido nos parecería injusta por
contravenir la indivisibilidad que, como hemos tratado de explicar, caracteriza a
la soberanía. No obstante, el separatismo ni siquiera ha querido contemplar esta
vía.

El pasado 1 de octubre, la Policía tenía orden judicial de cerrar los colegios para
impedir la votación; pero dos asociaciones muy vinculadas (y subvencionadas) al
Gobierno separatista, en connivencia con la Policía autonómica (que desacató
parcialmente las órdenes), organizaron un masivo acto de sedición. Sacar a la
gente a la calle para que no se cumpla la ley; ésa fue la estrategia y nada tiene de
democrática. Afortunadamente, algunos de los máximos responsables de lo
ocurrido el domingo, los presidentes de las asociaciones organizadoras y el jefe
de la Policía autonómica, ya están imputados por sedición.

La Policía frenó pronto las cargas. Fueron hospitalizadas 4 personas y al cabo de
unas horas sólo quedaban dos heridos de gravedad: uno por un pelotazo de goma
en un ojo y un hombre mayor, por un infarto. En casos concretos hay pruebas de
manipulación destacadas por la prensa internacional; y, como ha sucedido
recientemente en otras trascendentales campañas internacionales, Rusia colaboró
en todo ello. Salvo algunos casos aislados, sobre los que resolverán los tribunales
de justicia, negamos la desproporción en el uso de la violencia legítima.

Las consecuencias. Muchas empresas y bancos se están yendo de Cataluña. Pero
no sólo los empresarios tienen miedo. También los profesores han sufrido
presiones y los jueces (el Gobierno catalán fichó a los 801 jueces de Cataluña,
distinguiendo a los separatistas y a los leales a la Constitución) revelaron
recientemente sus temores: “nos quieren dar a elegir entre la Constitución y la
nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la
traición y el exilio”. Muchos ciudadanos temen expresar sus ideas en público, en
su trabajo, etc. Hay niños acosados en las escuelas por ser hijos de guardias
civiles. Se vive una escalada de tensión y destacan movimientos de un partido
antisistema (CUP), que apoya al Gobierno catalán y que lleva tiempo
amenazando con utilizar la violencia en la calle.

Entre el viernes 6 y el lunes 9 de octubre, el sedicioso gobierno catalán piensa
declarar unilateralmente la independencia.

Cuando se restablezca el orden constitucional y se acaben el miedo y las
amenazas, todos los españoles deberemos dialogar y abordar los cambios legales
que consideremos oportunos. No antes, para no entregar la igualdad política.

Si lo considerara oportuno, los abajo firmantes, agradeceremos que reenvíe esta
información a quien pueda resultarle de interés.

Un afectuoso saludo.

Firmas:

Spanish Members of the European Parliament: Maite Pagazaurtundúa Ruiz,
Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Esteban González Pons, Enrique Calvet
Chambon, Beatriz Becerra and Carolina Punset.

Profesores universitarios y personas de relevancia pública: Fernando
Savater (Filósofo y escritor), Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura),
Félix Ovejero (profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la
Universidad de Barcelona), Teresa Freixes (Catedrática de Derecho
Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona), Francesc de
Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma
de Barcelona), Rosa Díez (es diputada de PSOE y de UPyD), Camilo José Cela
Conde (Investigador invitado en el departamento de Ecology and Evolutionary
Biology, universidad de California), Francisco Sosa Wagner (Catedrático de
Derecho Administrativo), Adela Cortina (Catedrática de Ética y Filosofía
Política de la Universidad de Valencia), Andrés Trapiello (Escritor), Félix de
Azúa (Catedrático jubilado de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de
Barcelona), Alfonso Ruiz Miguel (Catedrático de Filosofía del Derecho en la
Universidad Autónoma de Madrid), Francisco Mora (Catedrático de Fisiología
Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y
catedrático Adscrito del Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica de la
Universidad de Iowa en EE.UU), Araceli Mangas Martin (Catedrática de
Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid), Juan
Antonio García Amado (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
de León), Manuel Montero (Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad del País Vasco), Arcadi Espada (Escritor y Periodista), Joaquín
Leguina (fue diputado por el PSOE), Roberto L. Blanco Valdés (Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago), Aurelio Arteta
(Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País
Vasco), Manuel Atienza (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Alicante), Albert Boadella (actor y dramaturgo), Javier Tajadura Tejada
(Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU), Mercedes Fuertes
(Catedrática de Derecho Administrativo), Antonio Bar Cendón (Catedrático de
Derecho Constitucional y Catedrático Jean Monnet “ad personam” de Derecho y
Política de la Unión Europea, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia), Julián Sauquillo González (Universidad Autónoma de Madrid,
catedrático de Filosofía del Derecho), Carmen Iglesias (Real Academia
Española/Real Academia de la Historia), Javier Fernández Sebastián (profesor
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco), Joseba
Arregi (ex profesor de Sociología de la UPV, ex Consejero del Gobierno vasco),
Yolanda Gómez Sánchez (Catedrática de Derecho Constitucional Jean Monnet,
ad personam, de la Unión Europea), María José Villaverde Rico (Catedrática de
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid), Carlos Martínez
Gorriarán (Profesor de Estética de la UPV), Luis Rodríguez Abascal (Profesor
Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid), Carmen
Sanz Ayán (Catedrática de Historia Moderna. Universidad Complutense),
Ramón Vargas–Machuca Ortega (Catedrático de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz), Iñaki Iriarte (Profesor Titular de Historia
del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco), Javier Peña
Echeverría, (Catedrático de Filosofía Política en la Universidad de Valladolid),
Josu de Miguel Bárcena (Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat
Autònoma de Barcelona), José Vicente Rodríguez Mora (Profesor de
Economía, University of Edinburgh), Manuel Toscano Méndez (Profesor de
Filosofía moral en la Universidad de Málaga), Rafael Arenas García (ex
Presidente de Sociedad Civil Catalana), María Elvira Roca Barea (Doctora en
Literatura Medieval, ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y enseñado en la Universidad de Harvard), Nuria Amat (escritora),
Jesús Conill (Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de
Valencia), Antonio Diéguez Lucena (Catedrático de Lógica y Filosofía de la
Ciencia en la Universidad de Málaga), Carlos Fernández de Casadevante
(catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey JuanCarlos
de Madrid), Carlos Mougan (Profesor Titular de Filosofía Moral, Universidad
de Cádiz), Ignacio Tirado (Profesor de Derecho Privado, Social y Económico de
la Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Hermosa (Profesor de Estética e
Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla), Martín Alonso (profesor
jubilado de Filosofía), Juan Antonio Cordero Fuertes (École polytechnique,
París), Gabriel Cabello (Profesor de Historia del Arte en la Universidad de
Granada), Francisco Castilla Urbano (Profesor de Historia y Filosofía de la
Universidad de Alcalá), Roberto Colom (Catedrático de Psicología y Biología
de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid), Juan Ignacio Martínez
Pastor (UNED), Lidia Valera Ordaz (profesora en la Facultad de Periodismo de
la Universidad de Valencia), Miguel Peña Méndez (Profesor en la Facultad de
Bellas Artes en Universidad de Granada), Isabel Echevarría Isusquiza
(Departamento de Filología Hispanica, Románica y de Teoría de la Literatura),
Juan Bonilla (escritor), Juan Antonio Negrete (Profesor de Filosofía), Tomás
Valladolid Bueno (Profesor de Filosofía), José Ángel González Sainz (escritor,
profesor y fundador del Centro Internacional Antonio Machado), Luis Alberto
de Cuenca y Prado (Poeta), Miguel Ángel Quintana Paz (Profesor de Ética y
Filosofia Política), Roberto Ramos Fontecoba (Responsable de la editorial
Página Indómita).

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With best regards,

Maite Pagazaurtundúa (eurodiputada del grupo ALDE) y Fernando Savater
(Filósofo y escritor)

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